La Contraloría detectó irregularidades en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por millonarios pagos de indemnizaciones -y otros conceptos- en excesos a ex directivos durante la administración del ex alcalde Andrés Zarhi (2015-2021).
En septiembre del 2021 la actual alcaldesa, Emilia Ríos (RD), denunció el presunto delito de malversación de caudales públicos por el millonario pago de indemnizaciones en la mencionada corporación, lo que el ex Renovación Nacional acusó como "falso".
Pues bien, el organismo realizó una auditoría y un examen de cuentas al proceso de pago de indemnizaciones de los trabajadores de la cuestionada entidad, comprobando que el ex director de Salud, Roberto Stern Elbenfein, recibió un monto excesivo de 38.932.699 de pesos bajo el concepto de incentivo al retiro, informó La Tercera.
Según lo comprobado por Contraloría, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente aprobó el pago de 141.342.949 de pesos para esos efectos, pero el monto efectuado por la corporación municipal ascendió a 180.275.648 de pesos.
Además constataron que luego de que el funcionario accedió al retiro voluntario con fecha 1 de julio de 2020, la corporación volvió a contratarlo pese a que la ley establece cinco años para reincorporarse sin tener que devolver los fondos recibidos.
"Posteriormente, el señor Stern Elfenbein fue nuevamente finiquitado el 23 de junio de 2021, percibiendo, esta vez un monto improcedente de $51.563.886 (...) Por lo tanto, considerando los pagos realizados en exceso al trabajador en cuestión, esta Sede Regional procederá a formular el reparo pertinente (o sea, el inicio de un juicio de cuentas) por el monto de $90.496.585″, señala el informe.
PAGO DE FINIQUITOS A SIETE FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN
Según el citado medio, la Contraloría verificó además que la corporación municipal realizó el pago de finiquitos a siete trabajadores dependientes de la unidad, que fueron desvinculados "por necesidades de la empresa y por desahucio".
Este ítem tuvo una diferencia por un monto de 31.603.803 de pesos pagados en exceso bajo concepto del mes de aviso, feriado proporcional e indemnizaciones de años de servicio, determinando abrir un juicio de cuentas para revisar esos hallazgos, donde se determinará la forma de reintegrar los fondos.
La entidad pondrá todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público.
OTRAS FALTAS ADMINISTRATIVAS
La Contraloría detectó, en el mismo proceso de análisis, que la corporación no realizó el pago de 1.120.964 pesos en el finiquito de Gabriel Ortega Montti en los ítems de mes de aviso y feriado proporcional. Ante esto, pidieron que se recalcule lo adeudado y se gestione su regularización en caso de que proceda, teniendo que acreditarlo ante la entidad.
Además, constataron que el sistema de remuneraciones computacional de la entidad no registra los días progresivos de vacaciones de cada funcionario, por lo que no se obtuvo un reporte sobre los feriados legales utilizados por los 18 trabajadores de la muestra examinada.
El organismo también verificó que el registro de las vacaciones es realizado con papeletas físicas que no se registran en el sistema, "no existiendo un procedimiento establecido que permita conocer los feriados legales reales de cada trabajador", y que no cuentan con manuales para regular los procesos de indemnizaciones por término de relación laboral y otras materias de personal.
De la revisión realizada a los expedientes de los 18 trabajadores, se dio cuenta de que la mayoría no tiene la documentación requerida por el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, referida a certificado de antecedente y de experiencia, currículum vitae, la cédula de identidad, contrato y finiquito anterior.
La corporación municipal tampoco cuenta con un libro de actas de las sesiones de directorio, aunque la última acta corresponde al 29 de diciembre de 2011. Mientras que en el periodo auditado del 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, solo hay dos actas correspondientes a los meses de julio y agosto de dicho año.
