El organismo apuntó que la mayor cantidad de casos se produjeron en Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Servicio de Salud de Concepción.
La Contraloría General de la República detectó nuevas irregularidades en el uso de licencias en el sector público, pero ahora en particular de los más de 6.000 funcionarios que hicieron uso del reposo supuestamente por estar enfermos, pero para trabajar en el sector privado.
En el contexto de la cuenta pública de dicho organismo, la contralora Dorothy Pérez reveló un nuevo consolidado de información circularizada que da cuenta de 6.311 funcionarios públicos, quienes contando con licencia médica trabajaron en ese periodo de tiempo en el sector privado.
Esto se suma a lo que ya sabemos: 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero contando con licencia y por el cual se llevan adelante investigaciones penales por los delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones.
Para considerar si trabajar en el sector privado mientras se presenta la licencia en el sector público es o no delito, depende de si es que la licencia es falsa o no, según explicó Gustavo Riveros, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
"En este tipo de casos, la calificación como delito o no dependerá si estamos frente a licencias falsas. El hecho debería ser perseguido con la misma calificación jurídica que los casos que están siendo perseguidos por el Ministerio Público por funcionarios públicos que viajan con licencia médica", expuso el profesor.
"Lo que hay que determinar es si esa licencia es falsa. En el evento en que los funcionarios solo hayan incumplido su reposo médico, que es algo que tiene que determinar la investigación tanto penal como administrativa, eso sería una sanción administrativa que tiene que establecer con el respectivo sumario la institución en donde presta función cada funcionario público", agregó.
Los organismos que lideran esta lista de trabajadores que ejercieron en el sector privado contando con licencia en el público son la Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el Servicio de Salud de Concepción, la Universidad de Chile y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
Para la vicepresidenta nacional de la CUT, Gabriela Farías, es importante que los trabajadores que incumplen con la normativa sean sancionados en su mérito porque su ausentismo acentúa los problemas en el sector público.
"Las personas que se aprovechan del Estado y van a sus otros trabajos, o buscan otros trabajos o actividades remuneradas, deben tener sanciones ejemplares porque no solo dañan una imagen del funcionario y la funcionaria pública, sino que además provocan el deterioro del sistema, porque su ausentismo hace que se agraven los problemas que ya son, que ya están presentes en general en el servicio público" afirmó la dirigenta.
Sin embargo, la representante de la CUT llamó a no generalizar a todo el sector público por estos casos en los que puede haber un mal uso del beneficio.
