La Contraloría General de la República frenó la creación del "Data Observatory", una fundación de iniciativa del Gobierno en alianza con los privados Amazon Web Services y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), para el procesamiento de datos públicos.
En su página web el propio observatorio se describe como "una organización público-privada sin fines de lucro" que "busca potenciar al máximo el beneficio que obtenemos de los datos públicos, de valor global y únicos que se están generando en nuestro país", marco en el cual "contribuye a convertir a Chile en capital del Data Science o ciencia de los datos".
La creación de esta alianza fue iniciada mediante el decreto presidencial el 27 de diciembre de 2018, con el objetivo de "adquirir, procesar y almacenar conjuntos de datos generados por instituciones públicas o privadas y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, innovación, conocimiento y sus aplicaciones en la economía".
Sin embargo, este jueves la Contraloría no tomó razón de la constitución de la "Fundación Data Observatory", que es liderada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Ministerio de Ciencia, Teconología, Conocimiento e Innovación, tras constatar una serie de situaciones que "no se ajusta a derecho".
SE CONSTITUYÓ VÍA TRATO DIRECTO Y NO HAY SUFICIENTE RESGUARDO DE DATOS
El organismo fiscalizador sostiene que no se acreditó un proceso de licitación pública para la participación de privados como Amazon y la UAI, por lo que "la ausencia de propuesta pública sin la debida fundamentación tiene especual trascendencia si se considera que el objeto de la Fundación es el tratamiento, a través de múltiples operaciones, de importantes volúmenes de datos provenientes, entre otros, de instituciones públicas".
Asimismo, al no realizar una licitación el Estado "ha importado conferir a los particulares intervinientes un privilegio significativo en relación con terceros que puedan encontrarse en similares o mejores condiciones para celebrar el contrato en cuestión, vulnerando la igualdad de oportunidades que debe asegurar el Estado a todas las personas".
La Contraloría observa también que "no se detallan los motivos que condujeron a la selección de la Universidad Adolfo Ibáñez, considerando especialemnte que esta institución no cuenta con un área educativa de astronomía", contraviniendo la ley 19.880, que regula los procedimientos administrativos para los actos de los órganos de la Administracion del Estado.
Además, advierte el fiscalizador, "la participación de las entidades es de carácter indefinido, lo que pugna con el principio de libre concurrencia de los oferentes", también consagrado en la legislación chilena.
El documento alerta finalmente que "no se advierten garantías suficientes que resguarden la correcta utilización por parte de los particulares intervinientes de los datos de los entes públicos y que impidan su comercialización en desmedro del patrimonio público y la igualdad de oportunidades que el Estado debe asegurar a los integrantes de la comunidad".
