Mikel Uriarte deberá devolver al Fisco 55 millones de pesos por incompatibilidad en el ejercicio del cargo.
Asumió sin renunciar a su condición de concejal por la comuna de Las Condes.
"En ningún minuto hubo mala intención de vulnerar una norma o de infringir la ley", dijo el presidente de la UDI en apoyo a Uriarte.
El dictamen de la Contraloría contra el ex director de Fonasa Mikel Uriarte (independiente pro UDI), quien deberá devolver 55 millones de pesos al Fisco por haber asumido el cargo público sin renunciar a su calidad de concejal por Las Condes, abrió un debate político ente oficialismo y oposición.
Mientras la UDI lo defiende, desde la Nueva Mayoría sostienen que esta situación es el reflejo de algunas de las conductas características del Gobierno de Sebastián Piñera.
El presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade, no descartó que aparezcan nuevos casos similares, ya que "los empresarios a estas cosas no le dan mucha importancia. A mí no me extraña que sucedan estas cuestiones y que pudieran aparecer otras".
Por su parte, el vicepresidente de la DC, Fuad Chahín, remarcó que "de alguna manera, este es un botón de muestra. Algunos llegaron al Estado a administrarlo como una empresa privada y eso no es posible. Creo que esas fueron algunas de las conductas que la gente castigó del Gobierno de Sebastián Piñera".
En tanto, el timonel del PPD, senador Jaime Quintana, afirmó que éste es un tema personal y evitó apuntar a la Alianza en general, ya que "el señor Uriarte podría haber hecho la consulta en su oportunidad".
"Más que juzgar intenciones o ligar esto a conflictos de intereses que estuvieron muy presentes en el Gobierno anterior, éste es un tema más bien personal, de una desprolijidad de no haber hecho las consultas correspondientes", opinó Quintana.
Además, el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin (DC), señaló que "Uriarte se equivocó, procedió de una forma que no correspondía. Él conocía la ley, sabía que no podía asumir el cargo de director, pensó que esto 'iba a pasar piola'" y "al final las investigaciones llegan y él tiene que responder".
El también alcalde de La Granja añadió que "cada servicio debería ver cuáles eran los concejales que prestaban alguna función en algún Ministerio o en alguna dirección y ver si existe alguna incompatibilidad. Eso tiene que ser investigado, para transparencia de todo".
Defensa de la Alianza
Desde la Alianza, el ex presidente de la UDI, Patricio Melero, descartó cualquier posibilidad de mala intención o vulneración flagrante de una norma y agregó que "la inmensa mayoría de los concejales ejercen otro tipo de actividades y muchos de ellos trabajan para parlamentarios, para otras municipalidades, en la administración del Estado".
"Si se ha de hacer una salvedad en los cargos que emanan de alta dirección pública, que pareciera ser el caso del ex director de Fonasa, es una jurisprudencia inédita. Creo que en ningún minuto hubo mala intención de vulnerar una norma o de infringir la ley", enfatizó el ex timonel gremialista.
Melero sugirió, además, que "sería interesante revisar la situación en que se encuentran muchos concejales del país que hoy están cumpliendo funciones en la administración del Estado".
Mientras tanto, el diputado RN Nicolás Monckeberg aseguró que "era muy importante zanjar la interpretación de esta norma, había una legítima diferencia entre los criterios de cómo se aplicaba la ley vigente, si eran o no compatibles las dos remuneraciones", por lo que "este dictamen de Contraloría despeja absolutamente el tema".
