Además, el ente fiscalizador dio cuenta de diversas irregularidades financieras al interior del edificio consistorial.
Tras esta auditoría, Contraloría remitió el informe al CDE y al Ministerio Público.
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, realizada entre el 1 de enero del 2014 y 31 de julio del 2019, reveló que la Municipalidad de San Ramón contrató a 54 personas que registraban condenas por crímenes o delitos simples.
Las personas empleadas por el municipio tenían antecedentes relacionados al hurto, manejo en estado de ebriedad, tráfico de sustancias, entre otros.
Según consignó La Tercera, este hecho ocurrió bajo la administración del actual alcalde de la comuna, Miguel Aguilera, que, además, enfrenta, desde 2018, una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por fraude al fisco y la designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal.
La autoridad comunal posee una investigación abierta en Fiscalía desde el 2017 y se aprontaba a enfrentar un posible proceso de destitución, que fue suspendido a causa de la pandemia.
La auditoría del ente fiscalizador además detectó que cuatros funcionarios contratados, en el mismo plazo de tiempo, tenían vínculos familiares con altos cargos directivos, como jefes de departamento o concejales al interior del edificio consistorial.
Otro antecedente es que, presuntamente, la Municipalidad de Ramón realizó el pago por prestaciones de servicios a honorarios por un monto de $5.503.888, sin contar con los antecedentes para respaldar el desembolso de ese dinero.
En tanto, Contraloría detectó a un funcionario a contrata, por 44 horas semanales, que además registraba una contratación a honorarios por el monto de $6.666.660 por los servicios prestados entre enero de 2018 a marzo de 2019, sin embargo, los servicios prestados como empleado a honorario fueron realizados dentro de su horario como funcionario municipal a contrata.
Tras esta auditoría, Contraloría remitió el informe al CDE y al Ministerio Público, y la Municipalidad de San Ramón deberá terminar los vínculos contractuales con el personal con antecedentes penales e informar el procedimiento en un plazo de 60 días.
Además, el ente fiscalizador solicitará el reparo por la suma de $12.170.548, además de iniciar un juicio de cuentas para que estos recursos sean restituidos.
