En El Primer Café de Cooperativa, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, lanzó este martes un duro emplazamiento a la contralora general de la República (CGR), Dorothy Pérez.
La controversia surgió luego de que la autoridad fiscalizadora advirtiera ayer, en una exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que los fondos de emergencia podrían no ser suficientes para cubrir el reajuste del sector público debido a la magnitud de los incendios en las regiones de Ñuble y el Biobío.
La contralora alertó que los recursos para catástrofes no son partidas "reservadas" exclusivamente para salarios: "Probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos", dijo Pérez.
El reclamo de Figueroa: "No extralimitarse"
Ante esto, Figueroa le pidió a la contralora, "con mucha humildad y respeto, (que) sería bastante bueno para la propia institución que en materias que no son de su estricta competencia ella sea fiel a lo que ha dicho durante todo este tiempo, que es cumplir su labor y no extralimitarse en juicios que están fuera de lo que le corresponde regular a la Contraloría, que es que se cumplan de la mejor manera posible los actos administrativos".
La expresidenta de la CUT añadió que "es legítimo, cualquiera puede tener opinión; lo complejo es que la contralora no está acá para dar opiniones sobre economía ni sobre el Presupuesto".
Además, recordó que el reajuste afecta a quienes enfrentan la crisis en primera línea: "Le estamos diciendo a los mismos funcionarios públicos que están trabajando hoy día en la emergencia que no van a tener reajuste. Es decir, a quienes hoy día vanagloriamos, incluido Carabineros, a ellos les dicen que no y les cierran la puerta en la cara a aumentos salariales".
Quintana: El tema fiscal no lo lleva la Contraloría
En la misma línea, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, coincidió en que "probablemente los dichos (de Pérez) fueron más allá de las atribuciones", y subrayó que el debate plantea una falsa dicotomía: "Lo que se interpretó, por lo menos, es que o hay recursos para enfrentar la emergencia o hay recursos para el reajuste. Sería una cosa bien absurda que no existiera reajuste".
El dirigente señaló que "el tema fiscal no lo lleva la Contraloría. Una cosa es que vea los temas administrativos, pero en ese caso está el Consejo Fiscal Autónomo y desde luego el Ministerio de Hacienda y la Dipres (...) El rol de la Contraloría es fundamentalmente la legalidad de los actos y también temas administrativos, pero de ahí a que la Contraloría vaya a determinar si hay capacidad o no para hacer un reajuste yo creo que no es lo adecuado".
Finalmente, el timonel del PPD reconoció que existe una "estrechez fiscal", pero remarcó que "nuestra responsabilidad también es con los trabajadores públicos, por eso tenemos que arribar el día de hoy a una buena solución".
También desde el Congreso, el diputado socialista Leonardo Soto opinó que "cuando una contralora se inmiscuye en decisiones de mérito político, lo que hace es politizar su cargo, y eso no ha ocurrido nunca antes en la historia de la Contraloría General de la República. Y si bien ha cambiado varios criterios de fiscalización que nosotros compartimos, que exista algún indicio de estarse inmiscuyendo en decisiones políticas no es bueno para el Estado chileno, ni para la República, ni para las personas".
Respaldo opositor
En la contraparte, el diputado republicano Agustín Romero argumentó a favor de Pérez en El Primer Café: "Sería bueno que se estudiaran un poco cuáles son las atribuciones de la Contraloría General de la República, porque una parte es la fiscalización de los actos de Gobierno, pero lo otro es la contabilidad administrativa de la nación".
"Cuando el contralor (Jorge) Bermúdez inventó este concepto de la confianza legítima y los dos años, la Contraloría era súper buena, y el contralor no tiene por qué legislar, no tiene por qué inventar plazos. Eso sí que fue un escándalo", fustigó.
Coincidió con Romero el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, apuntando que "la contralora tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos. Por supuesto que si estamos en una situación de déficit fiscal, aparentemente por cerca de 800 o 900 millones de dólares al año, eso implica un problema en el control de los recursos públicos. Lo que ella hace es una advertencia respecto a que este tema tiene que resolverse, y creo que eso es pertinente".