Desde el mundo político emplazaron al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, a cumplir con su "obligación" y resolver la disputa que mantiene con la destituida subcontralora Dorothy Pérez.
Bermúdez le solicitó a Pérez su renuncia al cargo de subcontralora tras, presuntamente, perder su confianza en ella luego de que fuera citada a declarar por el fiscal Eugenio Campos en calidad de testigo, en el marco del millonario fraude en Carabineros.
Durante esta semana, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que Pérez no vuelva a su cargo tras acoger de manera parcial el recurso de protección presentado por la ex funcionaria.
En este marco, en entrevista con un matutino, Pérez puntualizó ayer sábado que la decisión de su remoción fue "un error" y que el contralor "se equivocó en la forma, que se equivocó en el fondo, y lamentablemente nuestra institución es la que ha estado expuesta estos días y en la palestra de los medios de comunicación a raíz de ese error".
Ante esta situación, a la Contraloría "como institución tenemos que cuidarla mucho, porque cumple un rol fundamental en supervisar, vigilar que todas las instituciones funcionen adecuadamente", manifestó el presidente del Senado, el socialista Carlos Montes.
"Este conflicto interno lo ideal es que fuera resuelto internamente y no hubiera trascendido de esta manera, porque esto debilita a la Contraloría, espero que se resuelva lo antes posible", sostuvo.
"Si alguna cosa puedo decir al contralor, su obligación es resolver pronto esto", remarcó el senador Montes.
"El contralor, incluso el Presidente pueden ser citados en una causa"
Para el diputado PS Leonardo Soto, "una institución pública que sea bicéfala se causa un grave daño a sí mismo, por eso es muy importante que este conflicto institucional sea resuelto de la manera más rápida".
El legislador socialista añadió que "haría muy bien la justicia en tomar una definición sobre qué va a ocurrir si esta institución está obligada a tener dos cabezas o si va a ratificar la decisión de su máxima autoridad, el señor contralor".
En tanto, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida instó a esperar "lo que van a definir muy prontamente los tribunales de justicia, de si efectivamente ella puede cesar de su cargo por la sola voluntad del contralor o requiere que el Presidente de la República intervenga".
El senador PPD Felipe Harboe, por su parte, apunta a las razones que se dice iniciaron la disputa, y asegura que "el ministro del Interior, como otros asesores del segundo piso, incluso el Presidente de la República podrían ser citados como testigo, incluso el propio contralor, a declarar en una causa", y eso "es un coadyuvante por algún tipo de información que pueda tener, pero no los transforma en responsables".
Harboe hizo un llamado a "evitar que este conflicto siga afectando la rapidez en la tramitación de las tomas de razón y otros documentos que tienen paralizados una parte importante de la inversión pública de nuestro país".
La subcontralora acusa que Bermúdez ha ido cambiando sus argumentos.
Pérez: "Me negué a firmar documentos improcedentes"
En otra entrevista, esta vez a El Mercurio, la destituida subcontralora acusa que el problema con Bermúdez partió cuando ella se negó a firmar "de manera sumisa documentos que eran improcedentes", como "sumarios que estaban prescritos".
Asimismo, sobre la verdadera razón por la que el contralor perdió la confianza en ella, Pérez dice que éste ha ido cambiando sus argumentos: "Primero, porque me habían citado como testigo; después, por una seguidilla de situaciones personales; ahora vamos en otras circunstancias. Todos los días está cambiando la argumentación".
Recurso en la Corte de Apelaciones
En otro ámbito, la Corte de Apelaciones debe revisar el recurso de protección presentado por la ex subcontralora, para lo que no hay plazos claramente establecidos.
Sobre los escenarios de este recurso, el abogado experto en derecho administrativo Luis Cordero explicó que "si el contralor gana, éste es un tema respecto del cual la subcontralora no tiene mucho más que decir".
Cordero añadió que "si la subcontralora, a su vez, obtiene un resultado favorable dejará una situación de gobernabilidad compleja al interior de la Contraloría, porque dados los precedentes previos de la Corte, una persona que ha sido removida ilegalmente de su cargo, necesariamente debe ser reinstalada en su cargo".
