Los cuestionados se desempeñan en los gobiernos regionales de Los Lagos y Biobío, en el Hospital Regional de Concepción, el Ministerio de Obras Públicas y la Subdere.
El fiscal Raúl Guzmán será el encargado de la investigación.
320 reparticiones públicas fueron fiscalizadas por Contraloría.
Los cinco funcionarios investigados por el Ministerio Público tras fiscalización de Contraloría se desempeñan en los gobiernos regionales de Los Lagos y Biobío, en el Hospital Regional de Concepción, el Ministerio de Obras Públicas y la Subdere.
Según publicó La Tercera, los denunciados tras la fiscalización a 320 reparticiones públicas son jefes de servicios de administración y finanzas en sus respectivos sectores.
Una de las funcionarias denunciadas es Andrea Martínez, jefa de Unidad de Personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP, quien se encuentra contratada bajo régimen a contrata con una renta bruta de 2.448.542 pesos.
Juan Alvear, ingeniero comercial de 53 años, es el jefe de Finanzas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), quien recibe un sueldo grado 4, equivalente a un bruto de 4.318.031 pesos.
De acuerdo a información de Dicom, Alvear posee un vehículo y una casa en Pirque avaluados en 56 millones de pesos, junto con integrar dos sociedades.
Entre los investigados también se encuentra la profesora Gloria González, funcionaria de planta del Gobierno Regional de Los Lagos como jefa de la División de Planificación, quien también es socia de la consultora Serendipia, la sociedad de inversiones Treintaytantos y radiotaxi Pietro.
Además, se investiga a la ingeniera comercial de 37 años Daniela Moraga, jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades del Gobierno Regional del Biobío desde 2014, quien no posee ni vehículos ni propiedades.
Finalmente, entre los nombres vinculados a este proceso se encuentra Patricio Sáez, ingeniero civil biomédico y actual jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
Sáez está a contrata y percibe un sueldo mensual bruto de 1.646.845, junto con desempeñarse como docente part time en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción.
Cabe recordar que el Ministerio Público designó al fiscal Raúl Guzmán para investigar estas posibles irregularidades.
