Contraloría General de la República detectó, tras una auditoría, una serie de irregularidades en el manejo de recursos y presupuesto del plan "Seguridad para Todos" (2014 y 2017), a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito e implementado durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
Un reportaje de Chilevisión Noticias tuvo acceso al informe del órgano contralor que detectó en 2017 serias irregularidades administrativas en el manejo de dineros y presupuestos de la cartera, los que eran administrados a través de planillas Excel, las que no logran explicar el paradero de 122 mil 300 millones 450 mil pesos.
El instrumento de la Administración anterior para cumplir su promesa de campaña y reducir los índices de delincuencia y violencia en el país fue el plan "Seguridad para Todos", a cargo de la Subsecretaría. Sin embargo, pese al programa, se registraron altas cifras de victimización que superan el 20 por ciento en casos de robos con violencia y un 40 por ciento en casos de robo con fuerza en viviendas.
De las 27 metas propuestas, la Contraloría determinó que el cumplimiento de 16 de ellas son inciertas (59,23 por ciento del total del plan), así como los presupuestos que se utilizaron en ellas.
Lo más preocupante para el órgano contralor es que dos de esas metas prometían disminuir en un 10 por ciento la victimización por los delitos de robo con fuerza en la vivienda y robo con violencia, pero evidenció que entre 2014 y 2017, el porcentaje presentó un aumento sostenido.
Esto es, un incremento de un 28,2 por ciento en los delitos de robo con violencia e intimidación y un aumento de 41,7 por ciento en los delitos de robo con fuerza en la vivienda.
El informe de la Contraloría, que data de 2017, destaca en dos puntos los obstáculos con los que tuvo que lidiar para intentar averiguar el destino del dinero el que aún es desconocido.
Según el documento, existe una "ausencia de un instrumento que permita medir el grado de cumplimiento de cada meta comprometida en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito", y precisa que la entidad "no contaba con documentación que diera cuenta del estado de avance detallado del plan".
Ex subsecretario acusó pago de "favores políticos"
Según indica el informe, los principales responsables de la puesta en marcha y ejecución del plan son los dos subsecretarios de Prevención del Delito durante el Gobierno anterior: Antonio Frey (2014-2016) y Óscar Carrasco (2016-2018), quienes reconocen la inexistencia de un instrumento formal que permitiera medir el grado de cumplimiento de cada meta comprometida en el programa.
Consultado sobre esta denuncia, el ex subsecretario Frey declaró que "los favores políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal, yo no puedo hacerme responsable por un sistema político que distribuye los cargos".
Conocida la situación, la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, aseguró que "no vamos a tolerar que ni un solo peso destinado a la seguridad de todos los chilenos se desvíe a fines distintos que no sea la prevención del delito".
Diputado UDI: "Un circo, un payaseo"
El diputado UDI Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, criticó a la Subsecretaría por, aseguró, pasar de un presupuesto de 10 mil millones de pesos a 40 mil millones con malos resultados en la gestión de 27 metas.
"Si tu diriges una entidad profesional y te pones metas y tu ente fiscalizador es la Contraloría y te pregunta cómo va usted con sus metas y contestar no tengo como saberlo porque no tengo como medirlo", dijo, calificando esta respuesta como "un circo, un payaseo".
El equipo periodístico intentó tomar contacto con parlamentarios de la Nueva Mayoría para obtener su testimonio respecto a esta denuncia, sin embargo, sólo estuvo disponible la diputada comunista Camila Vallejo.
"Hay una ineficacia que lleva a una incertidumbre brutal si es que se cumplió o no se cumplió (las metas), porque no se sabe si se cumplieron las metas uno se pregunta para qué se usó la plata", señaló.