En Chile existen 942 cargos del Gobierno central regulados por el sistema de Alta Dirección Pública, los cuales son asignados mediante concursos que evalúan la idoneidad, las competencias y el mérito de los postulantes.
Estos puestos son de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, quien puede solicitar la renuncia de estos funcionarios cuando lo estime conveniente.
De estos 942 puestos, 110 corresponden a jefes de reparticiones como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).
El presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y director del Servicio Civil, Carlos Williamson, explicó que "los cargos son de exclusiva confianza de la autoridad. Eso significa que el derecho de remoción le asiste a la autoridad y que en cualquier momento les pueden pedir la renuncia".
"Los nombramientos de personas que hoy día está en esos cargos están vigentes, por cuanto los contratos laborales son por tres años. Ellos (los Presidentes) pueden removerlos, pero eso va a depender de cuál es la percepción de cada autoridad respecto al ejercicio de las funciones que están realizando", añadió.
Algunos ya han renunciado
En los últimos días, varios directores de servicio han presentados su renuncia, mientras que otros esperan cumplir sus respectivos contratos y mantenerse en sus cargos, como el director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan José Ossa, quien reafirmó su posición en un compromiso con el Estado hasta el año 2016.
"Todas las personas que hemos llegado a un cargo público a través del sistema de Alta Dirección Pública nos comprometemos a largo plazo, el que no lo haga no debiera ser parte de la Alta Dirección Pública. Yo estoy comprometido con el Estado hasta el año 2016 y ese es un compromiso muy genuino", apuntó Ossa.
"Ahora, por supuesto que la próxima Jefa de Estado tiene todo el derecho, todas las facultades para poder pedirme la renuncia, cuestión que asumimos con toda madurez", agregó.
La misma decisión fue tomada por el superintendente de Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, quien expresó que "eso (la renuncia) depende de las nuevas autoridades, ellos tendrán que evaluar qué decisión tomar, yo sigo trabajando mientras no se me informe lo contrario".
En cambio, el tesorero general de la República, Sergio Frías, quien fue elegido jefe de la división de Finanzas Públicas de la Tesorería en abril de 2010 y asumió como tesorero en mayo de 2011, presentó su renuncia voluntaria e indeclinable a partir del 10 de marzo, por motivos estrictamente personales.
Diferentes posturas frente al tema
El diputado independiente, Cristián Letelier (ex UDI), solicitó en febrero pasado que la Contraloría explicara si este tipo de funcionarios podían mantenerse en sus funciones después del cambio de mando.
La respuesta señaló que la nueva autoridad puede requerir la dimisión o declarar el cargo vacante si es que ésta no se presenta, aclaración tras la cual el parlamentario manifestó su deseo de que la Presidenta Bachelet mantenga a los directivos en sus funciones.
"Alta Dirección Pública fue creada por el Presidente Lagos, precisamente para evitar que cada vez que haya cambio de Gobierno haya cambio de funcionarios y jefaturas de servicio y todo un cambio de política", apuntó Letelier.
"Eso no puede pasar en el país y yo creo que si la Alta Dirección Pública no se respeta, mejor que la terminemos, porque de lo contrario, para qué existe. Tengo la confianza que la Presidenta Bachelet va a respetar el sistema de Alta Dirección Pública", añadió el diputado.
Por su parte, el senador Jorge Pizarro (DC), es partidario que todos los jefes de servicio deben dejar sus cargos ya que "son de confianza y fundamentales para la implementación de las propuestas programáticas de Bachelet" y propuso que "si no lo quieren hacer voluntariamente, se les pida la renuncia directamente, de manera transparente y explicando a la opinión pública el porqué".
"Todos esos cargos que han sido llenados ahora, claramente obedecen a la orientación del actual Gobierno del Presidente Piñera y no a lo que viene, así que, por un mínimo de pudor, deberían renunciar", remarcó el también presidente del Senado.
En 2010, se vivió una situación similar cuando Sebastián Piñera asumió la Presidencia. Entre marzo y diciembre de ese año, se presentaron 69 solicitudes de inicio de concurso para cargos de primer nivel, es decir, para jefes de servicio y 230 para el segundo nivel, que son dependientes de éstos.
En caso de pedir la renuncia a quienes mantienen contratos vigentes, el Estado tiene la obligación de pagar el tiempo que les resta de su gestión de acuerdo con el contrato inicial, que generalmente es de tres años.