Entre otras medidas, Mario Carroza levantó la suspensión de la jueza Colomba Guerrero Rosen.
El pleno de la Corte de Apelaciones deberá ahora revisar las decisiones del juez.
El ministro Mario Carroza, quien investiga la red de corrupción que involucra a funcionarios de la PDI y del Poder Judicial, tomó una serie de resoluciones en el marco de la indagatoria disciplinaria que se lleva a cabo.
Entre ellas, Carroza decidió levantar la suspensión a la jueza oral Colomba Guerrero Rosen, pero sí le imputó cargos por falta a la prudencia y a la reserva al informar de la investigación a una de estas personas, por la revelación de su conversación con Margarita Cuadros, sindicada como la líder de la red.
Además, el ministro presentó cargos contra Joaquina Carreño, funcionaria del Cuarto Juzgado del Crimen, por falta a la probidad, al extraviar un expediente sobre manejo en estado de ebriedad; y René Pizarro, del 32° Juzgado del Crimen, por enviar falsificadamente contraórdenes de detención y además abonar inexistentemente días en beneficio a un reo rematado.
Junto a esto, se ha descubierto y planteado la censura por escrito a dos funcionarios del Cuarto Juzgado del Crimen, Johanna Ferrer Morales y Tomás Silva Maulén, quienes habían intervenido el sistema informático violando las claves secretas del sistema.
El encargado de explicar el levantamiento de la medida contra Guerrero fue el presidente del tribunal de alzada, el magistrado Juan Escobar.
"Al advertirse de los antecedentes, que si bien ha resultado ser una conducta inadecuada atendida su investidura, no se ha logrado establecer que se haya vulnerado la investigación penal del Ministerio Público", sostuvo.
Escobar agregó que el Poder Judicial "está siendo inflexible con aquellos funcionarios que cometan alguna irregularidad o algún ilícito".
Ahora, todos los funcionarios pueden apelar a las resoluciones tomadas por el ministro Mario Carroza, las cuales aún deben ser revisadas por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
