Tribunal de Valparaíso formalizó a la diputada Laura Soto

La diputada con militancia suspendida en el Partido Por la Democracia (PPD) Laura Soto fue formalizada por el delito de estafa en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, por su participación en el presunto desvío de fondos públicos de los Programas de Generación de Empleo para financiar su campaña parlamentaria de 2005.

La diputada se defendió señalando que esperará el juicio oral, durante el que probará que no tiene vinculación con los hechos que se le imputan. "Yo y mi defensa hemos trabajado arduamente para llegar a este punto, para llegar a que haya un juicio racional y justo como nos asegura la constitución política del Estado", señaló.

"Eso es para todos los chilenos, nadie está por sobre la ley, ni bajo la ley y por lo tanto yo tengo la plena convicción que en un juicio racional y justo no solamente se va a demostrar la verdad procesal, sino además se va a demostrar la total y completa inocencia de mi parte", enfatizó Soto.

De acuerdo con el fiscal Leonel González, la diputada -junto a su hija, la concejal por Valparaíso, Marisol Paniagua y su yerno- participó como autora en la selección y contratación de 30 brigadistas, quienes fueron remunerados 10 millones de pesos obtenidos de los programas de empleo.

Los contratados recibían pagos por aparentes trabajos para la comunidad como desmalezado o construcción de muros de contención, cuando en realidad eran activistas del comando de la diputada por Valparaíso, explicó el fiscal.

"Lo sabía y eso explica la condición de autor que tenía en esta causa. En los próximos 10 días el plazo judicial de investigación expirará, muy probablemente a su término también el Ministerio Público presentará la acusación, de manera que la causa progrese al juicio oral", añadió González.

El tribunal rechazó la medida cautelar de arraigo nacional que solicitó el abogado querellante, Cristián Letelier, quien representa al senador de Renovación Nacional (RN), Sergio Romero.

Sin embargo, el abogado afirmó que apelará a la resolución y pedirá que se retengan los pagos y asignaciones que recibe la diputada en su dieta parlamentaria.

"Vamos a pedir una medida cautelar real en el sentido que se le embargue la dieta parlamentaria, porque no puede ser que una parlamentaria que conforme a la Constitución, ha sido suspendida de sus cargos, siga percibiendo dieta parlamentaria. Hemos pedido al tribunal que se le embarguen y se le retengan bienes por la suma de seis millones de pesos", detalló.

Según la Fiscalía, la diputada arriesga una pena que va desde los 61 días a los cinco años de presidio. (Cooperativa.cl)