Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez quedaron con prohibición de acercarse a Iván Aróstica.
Fueron imputadas por atentado contra la autoridad, por el ataque ocurrido el pasado 19 de diciembre.
Se descartó la firma mensual para las imputadas.
Dos mujeres fueron formalizadas este lunes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por su participación en la agresión contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, el pasado 19 de diciembre.
🔴 EN VIVO: 7°Juzgado de #Santiago decretó la cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima para Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez, imputadas por agresión al presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Plazo de investigación: 60 días.
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 25 de febrero de 2019
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Tanto Ingrid Ugarte (46) como Cecilia Ibáñez (52), que admitieron ante la Fiscalía Centro Norte su participación en la agresión, fueron imputadas por el delito de atentado contra la autoridad y quedaron con prohibición de acercamiento a la víctima, a su lugar de trabajo y su residencia mientras dure la investigación
El fiscal Marcelo Leiva sostuvo que "el video que vio el tribunal, y que también es conocido por las defensas, se ve claramente cuando el presidente del Tribunal Constitucional sale de este tribunal, es seguido inmediatamente por ambas imputadas, quienes lo siguen por varios metros y luego procede la respectiva agresión, y también hay una imagen clara en la cual se ve a las dos imputadas arremetiendo en contra del presidente del TC".
Además, indicó que aún se trabaja para dar con otras personas que participaron en el ataque.
"Tenemos distintos antecedentes, vamos a recabar eventualmente nuevos antecedentes para efectos de tener mayores certezas en relación con los hechos ocurridos. Estamos realizando el resto de la investigación para efectos de dar con cada uno de los responsables de estos hechos", aseguró.
"Ellas nunca pretendieron evadir la responsabilidad"
Mientras que desde las defensas han argumentado que las mujeres creyeron que Aróstica era un abogado defensor de ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Si bien la parte querellante también solicitó la firma mensual para las imputadas, el tribunal legitimó el argumento de la defensora María Magdalena Rivera aludiendo a su permanente colaboración con la justicia.
"La defensa, magistrado, se va a oponer a la medida cautelar de la firma mensual toda vez que no es necesario, infundado ello en que mis representadas, después de los hechos, querían presentarse. Nunca pretendieron evadir la responsabilidad que les pudiera caber en estos hechos, entonces no es necesario que estén sujetas a una firma", aseveró.
Además, se decretó un plazo de investigación de 60 días.
Antropólogo: "El respeto hay que ganarlo"
Frente a estos ataques a autoridades, el antropólogo social Rodrigo Flores aseguró que si bien hay democracia, en el país no existe un espacio para cuestionar a las autoridades.
"Las autoridades ya no tiene respeto por el solo hecho de ser autoridad, sino que tienen respeto porque es un respeto que hay que ganarlo", aseveró.
Flores agregó que "en la democracia no se han generado suficientes mecanismos para que el descontento de la ciudadanía, el cuestionamiento a la autoridad sea canalizado de una manera adecuada, institucional".
