El jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, respaldó las críticas del persecutor Carlos Gajardo al Servicio de Impuestos Internos y respondió a su director, Fernando Barraza, quien negó que fuera el Ministerio Público el que destapó el escándalo de las platas políticas ilegales.
"Lo que hizo (Gajardo) fue decir la verdad: el caso Penta, Soquimich, Corpesca, la recuperación de dinero que se ha efectuado, de hartos miles de millones de pesos, no se debió a la actitud fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, sino que a la acción del Ministerio Público", señaló Guerra.
"Si eso no le gusta al señor director (Barraza) o lo considera una falta de respeto, eso es problema de él. Nosotros podríamos decir lo mismo de lo que él dijo en el Congreso, (...) cuando dice que un 72 por ciento de los casos no tiene formalización y que poco menos eso fundamentaría el que el Ministerio Público quizás no tendría la capacidad para investigar las denuncias o querellas del Servicio de Impuestos Internos", recalcó el fiscal.
"Nosotros no somos buzón del Servicio de Impuestos Internos. No porque haya una denuncia o querella tenemos que necesariamente formalizar. Lo que pedimos es que al menos se nos dé la posibilidad de investigar, a lo cual se opone el Servicio, pidiendo conservar esta facultad excluyente de poder presentar denuncias y querellas", continuó el persecutor.
Guerra recordó que, bajo la ley actual, "en lo relativo a la existencia de delitos tributarios requerimos (en el Ministerio Público) la necesidad de una denuncia o querella, luego el contenido de la misma, y ahí ha habido un amplio debate, que puede ser lo que haga variar la posibilidad o no de avanzar".
Consultado sobre el cierre de las investigaciones relacionadas al financiamiento irregular de la política, Guerra respondió que "no se nos ha comunicado formalmente nada, ni por parte del Servicio de Impuestos Internos ni por el Tribunal Tributario Aduanero, por ende lo que sabemos es la versión pública del director, en orden a que (respecto de) ciertas empresas serían enviados sus antecedentes para una multa y, en cierta medida, se estaría renunciando a la acción penal".
Recurso de queja disciplinario contra juez
Guerra además dijo que están preparando un recurso de queja disciplinario contra el juez Juan Manuel Escobar, quien dio luz ver a que se interrogara a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, como parte de la diligencia solicitadas por las defensas de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes se encuentran imputados en esta causa.
El abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, quien fracaso en su intento de que la Corte de Apelaciones viera el recurso de queja contra el magistrado, dijo que la estrategia de la defensa de los controladores busca sacar a los fiscales del futuro juicio oral.
Es decir, "tratar de inhabilitar a los fiscales Gajardo y Norambuena para que no pueden participar en el juicio oral del caso Penta, por lo tanto, se trata de una maniobra a partir de las cuales las defensas podrían definir si es que el fiscal que investiga una determinada causa va a llegar a participar o no en aquellas investigaciones que ellos han llevado acabo, lo cual es derechamente inaceptable y atenta contra los principios fundamentales del proceso penal vigente".
Ahora el Ministerio Público tiene un plazo de 60 días para recurrir de queja disciplinaria y no se descarta que el conflicto escale hasta el pleno de la Corte Suprema.
El fiscal Manuel Guerra interrogó ayer, por tres horas, al ex Presidente Sebastián Piñera en el marco del caso Bancard y hoy reiteró que, hasta el momento, no hay antecedentes de que haya cometido delitos por sus inversiones en Exalmar y Dominga.
