El Ministerio de Justicia pidió al Servicio Nacional de Menores (Sename) dejar sin efecto el polémico convenio firmado entre el organismo y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
El acuerdo de "colaboración y coordinación" entre ambos organismos del Estado fue conocido la semana pasada tras una denuncia del sindicato de trabajadores (Sintrasub-Sename), el cual permitía facilitar "acceso de información que posee Sename y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional".
La firma de este convenio generó críticas transversales, acusándolo de "discriminar y criminalizar" a los niños, niñas y adolescentes del Sename, y que sobrepasaba la garantía constitucional de la protección de datos.
Esto llevó a que la Defensoría de la Niñez recurriera a la Justicia -recurso que fue declarado inadmisible- y al Frente Amplio a presentar un requerimiento ante Contraloría, para dejarlo sin efecto.
Finalmente, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, confirmó este lunes que el Ejecutivo solicitó al Sename dejar sin efecto el cuestionado acuerdo, anuncio realizado al comparecer -de manera telemática- ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Sin embargo, se pidió elaborar un protocolo para definir los criterios para manejar todos los requerimientos de información que lleguen al Sename, ya sea desde medios de comunicación, de los servicios de salud o de la propia Cámara Baja en su rol fiscalizador.
"Este convenio fue hecho en virtud de facultades legales que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para requerir de órganos públicos información. Hay que tomar medidas adicionales para asegurar que todas aquellas personas que ven este convenio lo vean en el sentido que él tiene, que es el cumplimiento de la función pública", dijo el subsecretario.
"Porque creemos que es la mejor manera de facilitar el camino que ahora tenemos que impulsar, hemos solicitado al Servicio Nacional de Menores (que depende de Justicia) dejar sin efecto (el convenio), pero, a cambio de ello, la elaboración de un protocolo por parte del Sename que pueda definir de buena manera cuáles son los criterios para poder manejar todos los requerimientos de información de estos distintos actores que permanentemente tensionan- por decirlo así- el sistema de información y el debido resguardo que merece la información de los niños, niñas y adolescentes", añadió Valenzuela.
En la misma instancia, el subscretario del Interior, Juan Francisco Galli, enfatizó en que no se cometió ninguna ilegalidad, pero que están "conscientes" en el Gobierno de la controversia que generó el convenio en la opinión pública.
A su vez, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), destacó que en lo inmediato el Ministerio de Justicia haya ordenado dejar sin efecto este polémico convenio.
"A todas luces (el convenio) vulneraba la Constitución respecto de la protección de datos personales. Los datos de niños, niñas y adolescentes, aún cuando sean infractores de ley, son datos sensibles que no se pueden dar a conocer si autorización de los padres, representantes legales o del tutor, ese es un principio que debe estar en el nuevo protocolo que anunció el subsecretario Valenzuela", dijo el parlamentario.
Reacciones transversales
Tras el anuncio de la cartera de Justicia, la diputada Paulina Núñez (RN) dijo que "no hubo mala fe en este convenio, pero también soy de las que creo que fue una mala decisión y, por lo tanto, quiero partir valorando que con prontitud, después de habernos escuchado a varios de nosotros, se comunique por parte del Gobierno que se deja sin efecto este convenio".
Su par socialista Leonardo Soto reconoció que le alegró que "finalmente se esté rectificando por parte del Estado, en su conjunto, una decisión que claramente era vulneratoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
"No de cualquier niño o niña, sino que de aquellos que están en la situación de mayor desamparo y abandono en la sociedad", agregó.
Defensora de la Niñez insistirá en pronunciamiento judicial en Chile o en el extranjero
Por su parte, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, expresó que la decisión administrativa del Ministerio de Justicia es insuficiente, por lo que insistirá en un pronunciamiento judicial en Chile o en el exterior.
"La Defensoría de la Niñez mantendrá su posición judicial. Si perdemos en la Corte Suprema, vamos a pedir o una investigación al Comité de los Derechos del Niño o la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque la gravedad y lo escandaloso de este convenio no resiste sino otra posibilidad que la Defensoría de la Niñez haga todos los esfuerzos jurídicos internacionales y nacionales para revertir esta decisión", sentenció.
Muñoz también criticó el argumento del subsecretario Valenzuela respecto a que hay organismos que "tensionan" al Sename solicitando información, ejemplificando que el Servicio no ha entregado antecedentes cuando la Defensoría de la Niñez ha pedido información sobre niños, niñas y adolescentes cuyos padres han denunciado que están recibiendo malos tratos en el organismo del Estado.
Además, Muñoz señaló que esperan que lo antes posible se pueda dar a conocer que efectos pudo haber tenido este acuerdo.
"Estamos muy atentos a que se quede sin efecto de manera concreta, esperando que se responda a la comisión cuándo se va producir esa resolución y saber si ya hubo traspaso de información, que se hizo con esa información y que por ningún motivo eso continúe", argumentó.
