Luego que un catastro realizado en 2012 por el Ministerio de Bienes Nacionales detectara 5.643 ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales, un programa especial de normalización iniciado por el Gobierno ha logrado poner término a 1.572 casos en las 15 regiones del país.
Las ocupaciones ilegales son aquellas en que nunca hubo convenio o trato alguno con el Estado y en que algún grupo o familia se instaló en la propiedad fiscal, ya sea para vivir o establecer un negocio.
De acuerdo a lo informado este lunes por El Mercurio, la mayor parte de estos casos se resuelve a través de una vía denominada "normalización", que significa que los inmuebles, una vez recuperados, tuvieron distintos usos.
Por ejemplo, 300 se concesionaron de forma gratuita, 127 se destinaron a reparticiones públicas, otros 117 se transfirieron gratuitamente, en 23 se celebraron contratos de venta, mientras que otros 475 fueron arrendados.
Además, en otros 79 casos los antecedentes se entregaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para iniciar juicios de restitución, 248 fueron remitidos a los gobernadores provinciales, mientras que 103 fueron desalojados voluntariamente por sus ocupantes.
"Hay una desvalorización del carácter social de la propiedad fiscal, no se asume que es patrimonio de todos y que si se está ocupando en forma ilegal se violan los derechos de todos", afirmó al matutino el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio.
El CDE mantiene a la fecha 154 causas civiles de "acción de restitución de inmueble", causas que, en general, son de baja significación para el Consejo debido a las cuantías involucradas o el grado de dificultad del procedimiento y entre enero de 2015 y marzo de 2016, de las 48 causas tramitadas, un 96 por ciento fue favorable al Fisco.
