Tres presuntos cómplices del mercenario fueron formalizados el domingo y quedaron en prisión preventiva.
La defensa niega su implicación en el crimen y en la receptación de cobre robado.
En prisión preventiva quedaron el domingo, tras ser formalizadas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, las tres personas que se encuentran imputadas como presuntos cómplices del crimen de dos detectives -Marcelo Morales y Karim Gallardo- ocurrido el día miércoles en la capital.
El fiscal Sergio Soto fue el encargado de exponer ante el juez la tesis del Ministerio Público respecto de que Raúl Campos Soto, de 54 años, y su hijo Ulises Campos Farías, de 20 -quienes trabajaban como chofer y peoneta para el homicida Italo Nolli- también dispararon contra los policías.
"Tanto en el dorso derecho como en la palma derecha, y en el dorso izquierdo y palma izquierda, se encontraron plomo, bario y antimonio en cantidades -de acuerdo a la conclusión de los peritos- que necesariamente hacen concluir que estos imputados efectuaron un disparo", declaró Soto.
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| Raúl Campos y su hijo, Ulises, tendrían participación en la muerte de los policías. (Foto: UPI) |
La presencia de rastros de metales en sus manos fue atribuida por el defensor Darío Pantoja al hecho de que ambos hombres trabajan manipulando metales. El jurista también descartó la responsabilidad de estos imputados en el delito de receptación de cobre, por el cual a Nolli y su pareja (también formalizada), Mercedes Valledes, se les atribuyeron 29 transacciones que representan ingresos cercanos a los 9.000 millones de pesos.
"Ellos no tienen el conocimiento que se supone deberían tener, ya que se habla de una cantidad estratosférica de miles de millones de pesos que habría manejado el señor Nolli, y claramente mis representados no se veían beneficiados de ninguna manera siendo gente pobre. Ellos no transaban cobre: cargaban y descargaban, era su única función", dijo Pantoja.
Tras dictarse la prisión preventiva para los tres implicados por los delitos de asociación ilícita para la receptación de cobre, tenencia ilegal de armas de fuego, dos homicidios consumados y dos frustrados, el Tribunal decidió otorgar 60 días de plazo para la investigación.
Los familiares Campos fueron derivados hasta el Penal Santiago 1 mientras que Valledes (que fue formalizada además por encubrimiento), fue enviada al Centro de Orientación Femenina.
