La PDI investiga "posibles ataques informáticos" por parte de un grupo de ciberespionaje asiático que alude a una eventual "vulneración a la seguridad nacional" luego de recibir una denuncia con información proporcionada por Estados Unidos, en medio de las tensiones diplomáticas derivadas del bullado caso "cable chino".
La advertencia, que fue entregada por la policía civil a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, incluye datos que fueron entregados por el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, a la anterior administración del expresidente Gabriel Boric, el 23 de febrero del reciente año.
El diplomático estadounidense alertó, en aquella oportunidad, que la acción "estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas".
Según consignó El Mercurio, la PDI derivó dicha información al Ministerio Público, detallando que "el ministro de Seguridad Pública (entonces Luis Cordero) hizo entrega del documento que le proporcionó el embajador de EE.UU., donde se mencionan posibles ataques informáticos a dispositivos electrónicos ubicados en territorio nacional, para su análisis y posteriores trámites pendientes".
"De la lectura del documento, se desprende que este se refiere a la ocurrencia de posibles ciberataques computacionales ubicados en Chile, ejecutados por una entidad extranjera y se señalan números IP sin identificar", agregó el comunicado.
En la misiva, también se explicó que, "en razón de lo anterior, se remiten estos antecedentes al Ministerio Público para que disponga las actuaciones que estime pertinente (...). Ante la simple lectura del documento recibido, que alude a una vulneración a la seguridad nacional, se remite en calidad de secreto, adjuntando fotocopia de dicho documento".
A principios de marzo, previo a su asunción como Presidente, José Antonio Kast evitó responder si también recibió tal información de parte de Judd: "Nosotros dimos vuelta la página. La Embajada hizo llegar al Gobierno de Chile toda la información, y éste no fue capaz de transparentarla", afirmó. (FOTO: ATON).
"Lilac Typhoon"
En el informe proporcionado por EE.UU., se aludió al uso de distintos malware y otros programas utilizados para los eventuales ciberataques: "La siguiente actividad del malware Lilac Typhoon ha ocurrido recientemente como desde abril de 2025", detalla el escrito.
Asimismo, precisó la dirección IP de una posible "víctima" identificada como "Entel" con cuatro "actividades"; además de otros hechos vinculados a la empresa Telmex.
La denuncia estadounidense apunta a los grupos grupos presuntamente vinculados a las infiltraciones acusadas: "Lilac Typhoon, también identificada como DEV-0234, es una red de dispositivos comprometidos para oficinas pequeñas en domicilio que actores asociados con el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino usan como red de ofuscación (equipos intermedios para ocultar origen)", advierte la denuncia.
También se reportaron actividades que, eventualmente, afectaron a Movistar, con una "actividad del malware Lilac Typhoon" ocurrida "por lo menos desde septiembre de 2024".
Por lo anterior, la PDI realiza una serie de diligencias con foco en peritajes que buscan dar con el paradero de las direcciones IP y otros datos relevantes para la investigación.
Las instrucciones del Ministerio Público se encuentran contenidas en un informe escrito caratulado como "sabotaje informático".
Parlamentarios piden "investigar con el máximo rigor"
Desde el Congreso, el senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que los hechos denunciados por EE.UU. "son de extrema gravedad y (ya) es hora de que se vayan conociendo los primeros resultados, porque la gran interrogante es cuánta fragilidad tiene Chile y sus telecomunicaciones para ser objeto de cibersabotaje por otras potencias".
"Esto es lo más delicado, porque si en Chile estamos expuestos a ataques de esta naturaleza, significa que estamos muy por debajo de lo que creíamos en materia digital", aseveró el legislador.
Por su parte, la senadora Camila Flores (RN) sostuvo que es "indispensable que toda información que pueda revelar alguna posible alteración a nuestra soberanía nacional se debe investigar con el máximo rigor y, ojalá, también con la máxima celeridad".
"Es importante que estas alertas que se han generado de manera efectiva, que no solamente queden respecto de la información de la denuncia, sino que también como chilenos sepamos si esto es efectivo o no", subrayó.
Expertos advierten posible "caos político"
Diego Fuentealba, doctor en informática de la Universidad de Santiago (Usach), hizo hincapié en los alcances de estos posibles ataques informáticos y señaló que "suponiendo que (los involucrados) no tengan acceso, por ejemplo, a audio, sí podrían tener acceso de datos para determinar quién se comunica con quién".
"Ahí es donde personas de interés como políticos podrían determinar si -efectivamente- se comunican entre ellos o se comunican con empresas. Eso podría generar una especie de caos político si es que se publicara esa información", alertó.
Según explicó el académico, "muchas veces, desde el punto de vista de seguridad nacional, (los grupos aludidos) quieren tener acceso para poder realizar un ataque orquestado en caso de que efectivamente eso es lo que esté ocurriendo. Quizás (también buscan) bajar las comunicaciones, no solamente robar datos".
