La Contraloría General de la República ordenó una serie de sumarios administrativos al interior del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tras detectar irregularidades financieras en los contratos del Censo 2012.
Según informa este lunes el diario La Tercera, la revisión del organismo ante el cuestionado proceso se centró en el en el gasto realizado en la Región Metropolitana, donde se invirtieron más de 4.000 millones de pesos para cubrir 5.915 contratos a honorarios con censistas y jefes de locales, zonales y regionales.
La Contraloría revisó una muestra correspondiente a 2 por ciento del universo: 121 contratos por un total de 80 millones 736 mil pesos, detectando una serie de fallas de control y pagos aparentemente injustificados.
Entre los errores detectados se detalla que "el INE envió al BancoEstado dos veces una nómina de transferencias a efectuar al personal contratado, lo que implicó un desembolso adicional que no correspondía por la suma de M$ 110.503" (ver archivo adjunto, página 7).
El informe también consigna el pago de más de tres millones de pesos en sueldos de cinco censistas que no tenían contrato, mientras en otros casos se cancelaron dineros sin boleta de honorarios de respaldo y hubo 81 informes de cumplimiento del trabajo que no estaban firmados por superiores, por los cuales se desembolsaron 15 millones de pesos en remuneraciones (páginas 18 y 19).
Además, se detectaron irregularidades en el proceso de selección del personal. El INE había licitado un contrato por 141 millones de pesos con la empresa Trabajando.com para reclutar y seleccionar a los censistas. Según el informe de auditoría, la firma entregó una preselección con 285 mil postulantes y el INE contrató a 5.784 personas para la Región Metropolitana. Sin embargo, 981 censistas fueron contratados por fuera, pues "no pasaron por el proceso de reclutamiento encomendado al mencionado proveedor". Esta cifra equivale al 17 por ciento de las contrataciones (página 25).
El informe también consigna que los pagos a los censistas debían realizarse mediante transferencias electrónicas desde BancoEstado, pero de las 320 transacciones revisadas, 89 no se realizaron por esta vía, sino "con cheques confeccionados manualmente" y "no contemplados en los instructivos del INE" (página 19).
La Contraloría también acusó aparentes desórdenes administrativos durante el proceso y "falta de control" de la información de las encuestas. Indica que de los 20 locales metropolitanos que fueron fiscalizados, en 18 "no se controló la entrega de los portafolios censales que (...) contienen un conjunto de
formularios destinados al registro de los datos de la encuesta de población y vivienda (página 24).
En tanto, "a un mes de iniciada la fase operativa del censo en la Región Metropolitana, esto es, en mayo de 2012, se efectuó una redistribución de las comunas que estaban originalmente agrupadas en 4 zonas de levantamiento censal, pasando a una nueva configuración con 8 áreas, lo que implicó la asignación como encargados zonales de funcionarios del INE que no estaban participando en el proceso; incorporar nuevo personal para cumplir las funciones de supervisores y censistas; encomendar a algunos de estos últimos labores de supervisión; y, además, informar a las municipalidades, a los coordinadores municipales del censo, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones sobre la reestructuración en marcha" (página 22).
Esta medida se efectuó sin que hubiese "una justificación", incluso después de consultada la entidad, destaca La Tercera.
Procesos en curso
Desde la división jurídica del INE señalaron al matutino que "existen procesos disciplinarios que se iniciaron, con el fin de investigar hechos que revestirían irregularidades asociadas especialmente a contrataciones efectuadas durante el proceso censal del 2012".
Agregaron que la nueva administración del organismo ha realizado un análisis de los procesos del Censo 2012, "con la finalidad de poder definir las acciones que deben ser implementadas en orden a contar con información, oportuna y de calidad, que es básica y esencial para el diseño de políticas públicas".
No obstante, existen datos y documentación a la que no ha sido posible acceder, sea porque las personas que a la época de ocurrencia de los hechos investigados por la Contraloría hoy no prestan servicios en este Instituto o porque no existen registros de los hechos que den cuenta de los fundamentos o mérito de definiciones adoptadas en su oportunidad".
