Acusando una "dejación del Gobierno" de Michelle Bachelet, un grupo de diputados de la UDI presentó un proyecto de ley que propone actualizar la normativa sobre inmigraciones, que data de 1975.
Renzo Trisotti, Andrea Molina, Issa Kort y Felipe Ward señalaron que tal cuerpo legal ha quedado obsoleto ante el "aumento exponencial" de inmigrantes durante la última década y afirman que es necesario ponerlo al día en "resguardo de la población en general, el respeto del ordenamiento jurídico interno y de los tratados internacionales ratificados por Chile".
"El Gobierno mira para el techo una realidad que vemos en todo Chile y parece que ellos son los únicos que no se dan cuenta. No han tenido la capacidad ni la voluntad política para enfrentar el fenómeno de la migración en el país", dijo Trizotti.
Fronteras abiertas, con restricciones
El texto (ver archivo adjunto) reivindica una "política de fronteras abiertas y protegidas", sin "discriminación arbitraria" y con "libertad de emprendimiento", pero considera, de manera "excepcional", la prohibición del ingreso o la expulsión de ciertos grupos de extranjeros.
"No se permitirá la permanencia en el país para aquellos extranjeros condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, ya sea en Chile o en el extranjero", dice el proyecto, que también plantea prohibir "el ingreso de personas extranjeras que hayan ejecutado actos contrarios a la moral, las buenas costumbres y al orden público".
El proyecto también plantea impedir la entrada de "quienes hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por delitos terroristas, de tráfico ilícito de estupefacientes o armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas y, en general, de todos aquellos que se encuentren con procesos judiciales pendientes por dichos delitos".
Se propone también rechazar el ingreso de quienes "hayan sido expulsados o deportados de otro país", "realicen declaraciones o presenten documentación falsa o
adulterada", "hayan sido sancionados reiteradamente por no haber dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias o previsionales" e "ingresen o salgan del territorio nacional clandestinamente o por pasos no habilitados".
Requisitos
Los autores del proyecto también proponen que se exija a quienes deseen residir en el país "tener un patrimonio suficiente para permanecer en Chile", que permita "cubrir las necesidades fundamentales de la vida cotidiana del titular del permiso y de su familia, si tuviere", a la vez que "ejercer una profesión u oficio lícitos".
"Hemos querido ser especialmente cuidadosos con el lenguaje y la redacción para evitar que se malentienda nuestra intención de regular distintas situaciones relacionadas con el fenómeno migratorio, con un afán de criminalizar a los inmigrantes", afirmó la diputada Molina.
"Eso no es así; creemos que la inmensa mayoría de los migrantes que llegan al país buscando nuevas oportunidades son, en definitiva, un aporte hacia nuestra cultura e idiosincrasia. Sin embargo, también creemos que, tanto a los chilenos como a los extranjeros que viven en Chile, debemos protegerlos de quienes únicamente vienen a delinquir", agregó Molina.
"No estamos en contra de la inmigración"
La diputada Paulina Núñez (RN) manifestó que "lo que queremos es saber primero quien ingresa a nuestro país y queremos avanzar también en que muchos migrantes hagan sus trámites en sus países de origen, en nuestras embajadas, en nuestros consulados".
"Creo que es vital entender que el norte del país debe ser al menos una zona piloto para que, si el argumento es la falta de recursos, podamos ir por partes y en aquella zona donde más lo necesitamos", precisó.
Por su parte, el senador Manuel José Ossandón recalcó que "no estamos contra la inmigración, pero hay que regularla y también hay que tener una política muy dura con los delincuentes que están llegando. Yo creo que hay que expulsarlos y deportarlos inmediatamente".
