El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, negó que el Gobierno esté siendo permisivo respecto a las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros, y atribuyó la baja materialización de éstas a una excesiva "burocracia" de la ley.
Según la normativa, efectuar dos notificaciones presenciales al implicado, antes de que la Policía de Investigaciones (PDI) concrete la expulsión, es un requisito rige desde febrero pasado, cuando entró en vigencia la nueva Ley de Migración y Extranjería: "Se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero".
"Una vez que firme la expulsión, la PDI debe ir a buscar al extranjero para materializarla en 48 horas", agrega la legislación, la cual se aplica en causales como ingreso por pasos no habilitados, situación migratoria irregular y desarrollar actividades laborales sin la documentación pertinente.
"Notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto casi imposible", fustigaba en octubre Javier García, alcalde de Colchane, una de las comunas de la Región de Tarapacá más afectadas por la crisis migratoria. Hasta ese mes, se habían concretado solo 17 expulsiones administrativas, según cifras del propio Servicio.
En ese marco, "descarto categóricamente que haya manga ancha", enfatizó Thayer este martes en conversación con El Diario de Cooperativa.
Como Servicio, explicó, "cumplimos dos funciones en el proceso: contribuimos a la materialización de las expulsiones a través de la coordinación con las líneas aéreas o la FACh, y eso ocurre con las expulsiones judiciales y las administrativas, apoyando a la PDI.
Respecto a las que le competen, Thayer precisó que hasta ahora "hemos dictaminado más de 1.500 decretos de expulsiones administrativas", pero "tenemos un problema con el proceso de notificación y materialización, que ha sido baja porque la ley cambió".
Con la nueva norma, reprochó que ese trámite "quedó demasiado complejo y burocrático el proceso de notificación y materialización de expulsiones".
"El proceso es sumamente burocrático, y por lo mismo este Gobierno ha propuesto una modificación al procedimiento, porque necesitamos agilizar y materializar más expulsiones administrativas", sentenció.
