El Gobierno confirmó que los inmigrantes que no realizaron el proceso de regularización migratoria y que hayan cometido delitos graves serán expulsados del país.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que "no todos aprovecharon la invitación que les hizo el Gobierno para efectos de regularizar su situación".
Esta semana, la PDI comenzó con operativos de fiscalización y a quienes sean sorprendidos en situación irregular, se les abre un proceso sancionatorio que puede terminar en multas o en la expulsión del país.
"Por lo tanto, ahora el proceso que ya se ha iniciado es de hacer -a través de la PDI que le corresponde en sus atribuciones- controles de aquellos inmigrantes que se encuentran de forma ilícita e irregular y que no se inscribieron en el proceso de regularización", agregó.
Además, el secretario de Estado explicó que "si esos inmigrantes tienen además la comisión de delitos graves, se inicia un proceso de expulsión del país. Ese proceso ya se inició".
Eso sí, desde el Gobierno dicen que quienes sean sancionados y no tengan antecedentes penales graves podrán iniciar un proceso para regularizarse.
El jefe de Extranjería de la PDI, Víctor Nakada, destacó que durante este año se han realizado más de 1.700 fiscalizaciones en este ámbito.
"En Chile diariamente se están haciendo operativos, pero nosotros pretendemos aumentarlos semanalmente. Tenemos varios lugares focalizados, dependiendo de a que nos vamos a abocar", dijo.
Durante el proceso migratorio se inscribieron más de 155 mil extranjeros, según los últimos balances realizados por el Gobierno, aunque se esperaba una participación cercana a 300 mil.
Acción Migrante: No todos son delincuentes
Desde Acción Migrante dicen que hay diferentes razones por las que un extranjero puede no haberse regularizado y que "hubo mucha gente que no supo, que al estar mal informado tuvo miedo de hacerlo", explicó el vocero Eduardo Cardoza.
"No todas las personas que no se inscribieron es porque son delincuentes", agregó.
"Una regularización que se hizo mal, se continúa en esa lógica soberbia de que todo el que no se regularizó es porque es posiblemente delincuente o tenga antecedentes", dijo el vocero.
Desde el Servicio Jesuita de Migrantes también reaccionaron y su director nacional José Tomás Vicuña aseguró que no se puede vincular de manera inmediata la falta de regularización con tener antecedentes penales.
"Hay que distinguir entre la facultad del Estado y el deber de fiscalizar, pero también tener precaución con hacer la relación inmediata entre que alguien esté irregular y que tenga antecedentes", planteó.
"Nosotros desde la práctica, lo que hemos visto es que pueden haber personas con antecedentes, pero también hay personas que no tuvieron el dinero para regularizarse, no tuvieron la información, no pudieron acceder a los documentos", dijo Vicuña.