La ministra de Justicia, Marcela Ríos (Convergencia Social), comunicó este martes el ingreso al Parlamento de un proyecto de ley para posibilitar las expulsiones de extranjeros condenados por tráfico de drogas.
"Hemos ingresado un proyecto de ley que venimos trabajando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a delegados presidenciales, parlamentarios, en particular de la zona norte del país, para hacernos cargo de este tema", dijo Ríos.
"ALIVIANAR LA CARGA"
La ministra explicó que la iniciativa se enmarca en el plan de combate al crimen organizado al interior de las cárceles y busca también descongestionarlas, en pos de la seguridad tanto de internos como de gendarmes.
Según destacó el Ministerio en un comunicado, "la población migrante recluida (en Chile) se ha incrementado y se concentra en el norte del país". Las estadísticas muestran que si el año 2013 representaba un 3,7 por ciento del total, en abril de este año ya alcanza al 10,3 por ciento del total de la población penal, con un total de 4.298 reclusos.
Del total de extranjeros presos, el 86 por ciento está recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Metropolitana, siendo el Centro Penitenciario de Alto Hospicio el recinto que alberga a la mayor cantidad de personas extranjeras.
El proyecto de ley, entonces, ayudaría a "alivianar la carga que significa la cantidad de estas personas condenadas en los recintos penitenciarios del país", señaló Ríos.
PARA CONDENADOS A MENOS DE CINCO AÑOS
El Minju explicó que, en concreto, la iniciativa legal "busca revertir los efectos de prohibición para las personas extranjeras condenadas por infracción a la Ley 20.000 de poder acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país".
Entre sus disposiciones contempla que "quienes calificarían para las nuevas condiciones propuestas no pueden tener a su haber condenas por Ley de Drogas superiores a los cinco años y un día".
La persona a la que se le aplique la expulsión judicial no podrá regresar al territorio chileno en un plazo de 10 años; y en caso de que lo haga, deberá cumplir el saldo de pena privativa de libertad impuesta.
