El Ministerio del Interior retiró de la Contraloría General de la República (CGR) el reglamento de la Ley de Migraciones para hacerle correcciones y reingresarlo, ya que el ente fiscalizador habría hecho observaciones a la reglamentación que ya está promulgada.
Con el objetivo de tener más herramientas para enfrentar esta situación y en medio de una crisis que no tiene precedentes en el norte grande del país, la Ley de Migraciones fue promulgada en abril pasado y, según el Gobierno, estaban esperando la decisión de la Contraloría para poner en marcha este reglamento. En diciembre, el Ejecutivo ingresó al organismo el Decreto 296, sin embargo, lo retiró esta jornada.
Según señaló La Tercera, la Contraloría hizo observaciones al Gobierno que podrían haber terminado en declarar ilegal el documento, puntualmente, fueron apuntes en nueve de los 190 artículos. La idea es hacer correcciones y poder reingresarlo en los próximos días.
"Desde Palacio desdramatizan la situación debido a que consideran que es un procedimiento habitual", indicó la Delegación Presidencial de la Región de Arica y Parinacota.
Aun así, el ente fiscalizador excedió el plazo de revisión del reglamento y no se había pronunciado aún porque, según argumentaron, recibieron el documento por parte de tres organismos distintos: el Servicio Jesuita a Migrantes, junto a las Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado; otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y, finalmente, de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.
El primero de ellos solicitaba declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de algunos artículos; el segundo grupo realizó consideraciones respecto a "la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana", las cuales buscan "promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales para todos" y, el tercero, entregaron consideraciones por eventual ilegalidad en la privación de las garantías procesales.
Cabe recordar que una vez promulgada, el Gobierno tenía un plazo de hasta un año para ingresar el reglamento, pero resolvieron hacerlo antes para dejarlo listo en la actual Administración.
