La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, pidió una acción conjunta de los países sudamericanos con el fin de terminar con la crisis migratoria que se vive en la frontera norte de Chile con Perú, en la que cientos de personas se encuentran varadas.
En el marco de una visita a la zona, Contreras planteó que "sin lugar a dudas ahí hay vulneración de derechos y requerimos que esas personas puedan transitar, el libre tránsito es un derecho humano y, por lo tanto, los países como Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, tenemos que tomar una acción conjunta".
"Si los países no trabajan multilateralmente, este problema va a reventarnos en la cara a todos. Desde el instituto, creemos que aquí hay que internacionalizar la solidaridad; vamos a contactarnos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con cuales tenemos muy buenas relaciones, para ver cómo avanza el proceso del paso humanitario", planteó.
Además, Contreras manifestó su preocupación por las condiciones de trabajo del personal de Carabineros, SAG, Migraciones y PDI en la zona, quienes se han visto enfrentados a extensos turnos y poca comunicación con sus familias.
Desde el Ejecutivo confirmaron que durante esta jornada la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, participará en una reunión telemática con representantes de los gobiernos de Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador.
La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aseveró que "no es una situación sencilla de abordar, hay situaciones de crisis humanitaria, hay otras situaciones de ingresos ilegales de personas que luego delinquen. Son situaciones todas distintas, que desgraciadamente tienden a juntarse en una y no es la idea".
"Por ahora, las medidas que se han tomado son fundamentalmente del resguardo de los menores, porque la Justicia tiene bastante amplitud en facultades para dar cautela de oficio a menores que se vean involucrados en situaciones de un descuido, eventual vulnerabilidad. Otros casos que ya tienen que ver con personas adultas, tiene que ver con las acciones que a su efecto se presenten, siempre y cuando la situación de esas personas se resuelva en territorio chileno", planteó
Por su parte, el director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, reconoció que existe una "deuda" por parte del Estado en materializar los decretos de expulsión de ciudadanos extranjeros.
"Desde la Subsecretaría de Interior se ha conformado una mesa para exclusivamente materializar y dar con las personas que tienen decretos de expulsión ya vigentes. Desde el año 2013 al 2023, se cuentan poco más de 20 mil decretos de expulsión administrativa vigentes que no han sido materializados, vale decir, como Estado tenemos una deuda respecto de los proceso de expulsión y es una deuda que el Gobierno está tomándose muy en serio y está trabajando para saldarla definitivamente", recalcó.
