El subsecretario Juan Francisco Galli destacó que "en el 95% del proyecto hay acuerdo" en el Congreso e instó a que lo que resta sea tramitado "aceleradamente".
Diez artículos deberán ser debatidos en una instancia de diputados y senadores luego de que la Cámara Baja no visara las modificaciones del Senado.
El Gobierno valoró que la mayor parte del proyecto de Ley de Migración y Extranjería haya sido aprobado por el Congreso, controvertida iniciativa que impulsa el Ejecutivo desde 2013, durante la primera Administración de Sebastián Piñera, y que busca actualizar o reemplazar la normativa que data de 1975 -en los albores de la dictadura-.
En su tercer trámite constitucional, la Cámara Baja aprobó la mayoría del proyecto, que consta de más de 180 artículos, pero 10 tendrán que ser revisados por una comisión mixta al no haber visado las modificaciones que salieron del Senado en el trámite anterior.
Es "un nuevo paso", resaltó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, destacando también que "lo relevante es que en gran parte del proyecto, en el 95 por ciento del proyecto hay acuerdo".
"Se aprobó en la Cámara de Diputados (y Diputadas), y hay 10 artículos que van a pasar a comisión mixta. Esperamos mantener la discusión inmediata, de tal manera que se tramite aceleradamente, y de tal manera que (a medida que) logremos avanzar en nuestro plan 'Paso a paso', la frontera se vaya a abriendo gradualemnte y volvamos a tener un influjo migratorio relevante", exhortó.
Todo ello en el marco de una iniciativa a la que el propio Gobierno había amenazado con vetar presidencialmente si no avanzaba como La Moneda quería y era aprobada con indicaciones de la oposición -como las que, según acusaba la derecha, permitía una "visa de turismo laboral" o la "regularización en 90 días", que fueron rechazadas por el Senado en segundo trámite-.
MIGRACIONES📰| Sala envía a Comisión Mixta proyecto de ley de migración y extranjería. https://t.co/lfGMJ6lVn7
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 8, 2020
Los diputados rechazaron este jueves el llamado principio de no devolución, que había sido incorporado por el Senado y que establece que el Estado no podría enviar de regreso a aquel extranjero que se sienta amenzado o en peligro en su país de origen.
El Ejecutivo logró también que los diputados rechazaran la propuesta que aseguraba en Chile un trato especial del aparato público a las mujeres extranjeras embarazadas o víctimas de trata de migrantes o violencia intrafamiliar.
"Las cosas son lo que son y no lo que parecen ser", dijo el diputado Andrés Longton (RN), quien explicó que la negativa a la indicación se debió a que "como está concebida, por el solo hecho de la declaración en la frontera de alguna de estas situaciones, se tendría que acceder de manera inmediata a una visa de permanencia en nuestro país".
Lo pertinente en esos casos, planteó, es que "el mecanismo debería ser que, a través, por ejemplo, del Ministerio Público, este determinara qué personas se encuentran en esta situación, producto de una investigación previa, y no dejarlo a la mera declaración de la persona que cruza la frontera".
En la oposición, a su vez, rechazaron un artículo que consideraron un "retroceso", una modificación que realizó el Senado, que permitiría discrecionalmente a las policías prohibir el ingreso al país a personas que porten elementos que supuestamente puedan ser usados para cometer delitos.
"¿Qué elementos pueden ser indiciarios de que una persona va a cometer un delito y que no sea además portar armas o drogas, que son deltios en sí mismos, y no aplica la situación?", cuestionó la diputada Catalina Pérez (RD) durante la discusión en el hemiciclo.
"Le preguntábamos al Ejecutivo esto, y nos respondieron, 'bueno, quizás material para clonar tarjetas'. O sea, ¿si yo traigo una impresora voy a falsificar documentos, si traigo un celular voy a hacer estafas telefónicas? Esto es más excesivo que cualquier legislación que tengamos vigente", fustigó la timonel de RD.
Por otra parte, entre las normas que quedaron incorporadas en la futura ley, puesto que fueron aprobadas por la Cámara Baja, está aquella que excluye a los convivientes para la reunificación familiar, en la cual se considerará solo a parejas casadas o que tengan un estatus legal equivalente a la unión civil.
