El tribunal pidió antecedentes a la policía civil sobre si cumple o no con facilitar asistencia jurídica a personas que enfrentan expulsiones administrativas.
Una presentación del Servicio Jesuita Migrante (SJM) y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado llevó a la Corte de Apelaciones de Iquique a oficiar a PDI, para que la policía civil informe las medidas que adoptó para permitir ingreso de abogados a sus cuarteles, frente a casos de migrantes que enfrentan procesos de expulsión administrativa.
Según detalló el SJM, la decisión judicial cita "el fallo del 13 de mayo de este año, (en que) el máximo tribunal de la República (Corte Suprema) ordenó que se 'asegure la permanente asesoría jurídica -sin ninguna distinción- de las personas que se encuentren privadas o restringidas en su libertad dentro de sus dependencias'".
De acuerdo a la presentación, pareciera que la PDI no ha dado cumplimiento a la orden de la Suprema, "dado que el pasado miércoles 23 de junio, durante un nuevo operativo de expulsión de personas migrantes del territorio nacional realizado por la PDI, la abogada Constanza Salgado Boza, del SJM, y la abogada Marjorie Dinamarca Jofré, de la Clínica Jurídica de la UDP, solicitaron ingresar al cuartel policial ubicado en calle San Francisco N° 253 de Santiago para entrevistarse con las personas detenidas, pero la solicitud fue denegada por los funcionarios de turno de la PDI".
La directora nacional del SJM, Waleska Ureta, valoró que "ahora la PDI debe responder ante el tribunal (...) es fundamental que la PDI comprenda que es un derecho constitucional el que están vulnerando".
"Negar el ingreso a los cuarteles policiales a los abogados no tiene justificación alguna, es una práctica ilegal y esperamos que la jefatura de la PDI instruya al respecto, considerando además que la nueva Ley de Migración les impondrá exigencias adicionales y específicas sobre las condiciones en que las personas migrantes deben permanecen en dichos lugares y cómo debe garantizarse el acceso a un abogado", relató Macarena Rodríguez, abogada de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la UAH.
