Cientos de migrantes siguen entrando de forma irregular en Chile a través de la frontera con Bolivia pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno y la política de "devoluciones en caliente" que permite la nueva ley de inmigración, criticadas con dureza por organizaciones locales e internacionales.

En pleno altiplano, a más de 3.700 metros de altura, unos 40 adultos y un número indeterminado de menores -la mayoría venezolanos- fueron el pasado sábado los primeros en ser expulsados al pasar la frontera, entre lamentos desesperados y la fatiga que deja una caminata de meses.

Ese día, y tras un año en barbecho, entró en vigor el artículo 152 que permite a la policía militarizada "reconducir" a personas que intenten ingresar a Chile y que cumplan ciertas condiciones, como cruzar sin documentación o identificaciones falsas, eludir control migratorio mediante pasos clandestinos o estar fichado.

Una norma que actualiza la obsoleta ley de 1975 y que ha desencadenado la preocupación de organizaciones internacionales y locales al facilitar la expulsión inmediata de personas en un "espacio territorial de amplia discrecionalidad de la autoridad" y donde "la posibilidad de que no se cumpla lo establecido es alta".

LOS RIESGOS DE LA "RECONDUCCIÓN"

No es primera vez que los mecanismos de "devolución en caliente" son cuestionados. En Europa hay casos que han llegado al máximo tribunal de derechos humanos por vulnerar a inmigrantes que llegan a sus costas en pateras.

Para la directora ejecutiva del Servicio Jesuita Migrante y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, la dimensión de la crisis migratoria en Europa puede replicarse en Latinoamérica y en particular en Chile por el éxodo venezolano, ya comparable a la magnitud de refugiados que dejó la guerra en Siria, con cerca de 6 millones de personas desplazadas.

"La misma norma establece ciertos derechos de las personas que son reconducidas y casos en que no se debe reconducir. Es precisamente esa parte la que genera mayor preocupación y donde se engloba el mayor riesgo de esta medida", explica a EFE.

"Hay que crear mecanismos para que sepamos que a esas personas se le respetaron los derechos que la ley señala, a ser oído, a contar con un intérprete si es que no habla el idioma, a poder hablar con sus familiares que vivan en el país y asimismo a no ser reconducido cuando existen indicios de delitos como tráfico, trata u otros, o pudiese ser solicitante de refugio", detalla.

A esta preocupación se suma, como comentaron a EFE diferentes fuentes en la zona, la falta de formación adecuada del personal desplegado en la frontera, que debería incluir, según el Pacto Global de Migración, especialistas que verifiquen si los inmigrantes cumplen las condiciones para ser calificados como refugiados o busquen indicios de haber sido víctimas de delitos.

NECESIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Según la coordinadora del Equipo de Migración y Refugio de Amnistía Internacional, Florencia Moral, y la asesora jurídica del organismo en Chile, María Belén Bravo, "el mecanismo de la reconducción puede traer consigo la exposición de personas en condición de refugiadas a ser devueltas a sus países de origen, contraviniendo el principio de no devolución, además de no brindar la protección debida que exige el Derecho Internacional".

Además "expone a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o tráfico de personas por parte de los denominados 'coyotes', y otra clase de abusos, especialmente en el caso de las mujeres, comúnmente víctimas de agresiones sexuales en contextos de desplazamiento, y los niños, niñas y adolescentes", agregaron.

En este sentido, Rodríguez asegura que la cooperación internacional puede evitar este tipo de problemas, que surgieron a raíz de la crisis política y económica en Venezuela y que ya afecta a la mayor parte del cono sur.

"Es decir, asumir, entre todos los países de la región, que es un fenómeno que nos sobrepasa y del que hay que encargarse cada uno en los roles y posibilidades que tiene", precisó.