El ministro Guillermo Silva enfatizó que las deportaciones deben responder a un proceso "no discriminatorio".
Se deben "satisfacer las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de una decisión no arbitraria", remarcó.
El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió a las expulsiones masivas de inmigrantes irregulares que ha realizado el Gobierno durante los últimos meses.
El Gobierno ha intentado expulsar a 16.581 extranjeros por haber ingresado de manera irregular a nuestro país desde el 2018, de las que ha concretado 1.401; los últimos inmigrantes expulsados regresaron a su país el 6 de junio, y son parte de las 321 personas -en su mayoría venezolanos- que el Ejecutivo ha deportado por razones administrativas en los primeros seis meses del año.
En conversación con El Mercurio, el líder del máximo tribunal expresó que "se requiere que las expulsiones sean el resultado de un proceso individual que permita evaluar las circunstancias personales de cada sujeto, que no resulte discriminatorio y donde la persona pueda someter su caso a revisión ante la autoridad competente".
"(La Corte Suprema) Ha sostenido en numerosas ocasiones que la decisión de expulsar a un ciudadano extranjero, en cuanto implica la dictación de un acto administrativo terminal, debe necesariamente ser antecedida de un contencioso administrativo que se subordine a los principios contemplados en la ley", agregó.
Silva además sostuvo que "se ha asentado que esta decisión administrativa debe atender las circunstancias personales y familiares de la persona", enfatizando que se deben "satisfacer las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de una decisión no arbitraria".
"(Se trata) de asegurar el debido acceso a la justicia (...) Las personas deben tener la oportunidad de ejercer su derecho a ser oídas y presentar las pruebas que estimaren del caso", cerró.
