46 diputados de oposición se habían manifestado en contra de la iniciativa del Gobierno.
La decisión fue tomada por siete votos a favor y dos en contra.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por 46 diputados de oposición en contra del decreto migratorio del Gobierno, que incluye la necesidad de una visa consular para los ciudadanos haitianos que quieran ingresar al país.
La decisión, que fue tomada por siete votos contra dos, da luz verde a la propuesta del gobierno, que ya se encuentra en funcionamiento desde abril.
Uno de los impulsores del requerimiento, el diputado Matías Walker (DC) lamentó la decisión, aunque comentó que es "precedible" por la actual composición del TC, ya que la mayoría de los ministros son afines al gobierno.
Walker aseveró que ahora como parlamentarios deben centrarse en la discusión en el Congreso para lograr una ley que no discrimine a los inmigrantes.
La diputada (RD) Catalina Pérez, aseguró que los deja "profundamente preocupados" y que de esta forma el TC avala que existan "categorías", lo que "contraviene" los derechos básicos.
El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 30 días para redactar un fallo explicando su decisión.
Desde La Moneda, el Ejecutivo recibió la noticia con satisfacción y dicen que se está avanzando pese a "entorpecimientos" de algunos parlamentarios.
Según el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, "lo que hay de fondo es que hay un grupo de parlamentarios que no quiere que se avance en una política migratoria, no quiere que se avance en una política que establece el ordenamiento de la casa", dijo.
SJM: Podría aumentar el tráfico de personas
Desde el Servicio Jesuita Migrante (SJM), quienes impulsaron el requerimiento junto a los parlamentarios, se manifestaron preocupados.
"Nosotros seguimos creyendo que es un decreto que no responde a razones de igualdad ante la Ley. Es evidente que el Gobierno no ha podido justificar la imposición de este requisito por razones ni de interés nacional ni de reciprocidad", aseguró Víctor Hugo Lagos, responsable del Programa de Atención Jurídica del SJM.
"Preocupa desde el punto de vista de las personas y las consecuencias que esto puede tener para los delitos asociados a la migración, principalmente el tráfico de personas", agregó
