Un dictamen de la Contraloría General de la República dio cuenta que los municipios no se encuentran facultados para organizar o autorizar bingos, ni aunque estos tengan fines benéficos.
Esta resolución emitida el 22 de abril pasado fue dirigida a la Municipalidad de El Quisco, luego que ésta solicitara un pronunciamiento que determine si esa entidad está facultada para autorizar la celebración de bingos con fines benéficos.
Según el texto, en conformidad con la normativa contenida en la Ley 19.995, los juegos de azar -entre los cuales se encuentran comprendidos los bingos- solo pueden ser explotados a través de una autorización legal expresa y por quien esté habilitado para ello.
Por este motivo, indicó la Contraloría, "no es procedente que los municipios permitan o faciliten los medios necesarios para su realización" y que "no obsta a lo expresado, el hecho de que esa clase de juegos sea de carácter benéfico, toda vez que la normativa que regula la materia no ha establecido una excepción al respecto".
Eso sí, el texto firmado por la contralor (s) Patricia Arriagada aclara que el Presidente de la República puede autorizar estos bingos "cuyo objeto sea la educación, la caridad o la asistencia social", por lo que se puede pedir el permiso especial a la máxima autoridad del país y a las Intendencias.
Críticas
Los diputados Daniel Farcas (PPD), Gabriel Silber (DC) y Matías Walker (DC) se reunieron con Felipe Aliaga, jefe de gabinete de la Contraloría, para manifestar su rechazo a la resolución.
"Es imposible que la Intendencia o el Presidente de la República autoricen bingos en más de 350 comunas que hay en el país", sostuvo Farcas.
Mientras que Silber aseveró que "no puede ser que actividades tan nobles y tan propias de la vida de barrio, como los bingos, muchas veces realizados para ayudar a los propios vecinos, queden a la misma altura que las marchas masivas que sí deben ser autorizadas por las intendencias".
Walker, en tanto, manifestó que "estamos desconcertados con este dictamen que prohíbe actividades nobles en que las personas se organizan para ayudar a quienes han sufrido alguna desgracia, mientras existe permisibilidad con las máquinas tragamonedas que funcionan sin ningún tipo de fiscalización".
"Estamos desconcertados con este dictamen", dijo el diputado Matías Walker. (Foto: UNO)
Anunciaron que este miércoles a las 10:00 horas irán a La Moneda acompañados de representantes de las organizaciones sociales que se ven afectadas por esta medida.
Diputados DC presentaron proyecto de ley
Ante esta situación, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana ingresó un proyecto de ley (revisar archivo adjunto) que facilitará la realización de estas actividades, eliminando los permisos especiales.
El diputado Sergio Espejo indicó que la normativa de Contraloría "daña de manera grave este tipo de actividades solidarias tan propias de nuestros barrios".
Mientras que el parlamentario Jaime Pilowsky recalcó la importancia de este tipo de eventos para quienes no tienen recursos para financiar enfermedades de alto costo.
"Los bingos son parte habitual de los centros comunitarios y nuestros barrios y están habitualmente dirigidos a reunir fondos para asistir a personas enfermas, que requieren un tratamiento médico costoso o incluso, en casos más dramáticos, que lo han perdido todo a raíz de una catástrofe o un incendio", expresó.
AChM apuntó a interpretación errónea de la ley
El alcalde de Macul y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Sergio Puyol (DC), también se sumó a las críticas al decreto de Contraloría afirmando en GPS de Cooperativa que debe haber "una interpretación errónea de la ley".
"La Contraloría interpreta la ley (...) Puedo pensar que ha sido una interpretación errónea", expresó, sosteniendo que "no se puede interpretar la ley lo mismo que cuando tú pagas en plata que cuando lo haces con una donación".
Puyol sostuvo que "para la ciudadanía o para los vecinos de las distintas comunas aparece esto como una barbaridad, como una situación incomprensible, como una burrada".
"Esto operaba incluso sin pedir ningún tipo de autorización, porque muchas de esas cosas son en una casa particular, otras más grandes son en colegios, en algunos colegios particulares, en algún jardín infantil, centros de madres, centro de adulto mayores, un club deportiva, y ya tienen por sí personalidad jurídica municipal. En consecuencia, no necesitaban pedir un permiso a la municipalidad. En algunos casos, pedía el permiso porque pedían el local o lugar a la municipalidad", explicó.
"Hay que pedir el cambio a la ley", aseveró, respaldando el proyecto de los diputados DC.
