El Consejo de Defensa del Estado anunció que "evaluará la posibilidad" de recurrir ante la Corte Suprema tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó al fisco indemnizar a familiares de los 22 fallecidos en el accidente del avión Casa 212, registrado en el archipiélago Juan Fernández en septiembre de 2011.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada porteño –integrada por los ministros Eliana Quezada, Rosario Lavín y Juan Carlos Maggiolo– acogió ayer lunes los recursos de apelación presentados por los demandantes y revocó la sentencia de primera instancia, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, que había rechazado las indemnizaciones por lucro cesante y daño moral deducidas por las familias.
El Consejo expuso que la Corte "aceptó la tesis del CDE respecto de la intransmisibilidad del daño moral; en tanto, rechazó el régimen indemnizatorio especial para el personal de las Fuerzas Armadas y la tesis de las pretensiones de pago de indemnización del daño moral sufrido por quienes no son familiares directos de la víctima, estableciendo para esto último, un monto indemnizatorio similar solo para los familiares directos".
Por otra parte, valoró que "la sentencia descarta todas las imputaciones realizadas a la Fuerza Aérea, en lo relativo a su eventual responsabilidad en la planificación, preparación y ejecución del vuelo del avión Casa 212 siniestrado".
Asimismo, analizó que "el fallo centra su análisis en la decisión de los pilotos de sobrevolar el canal que separa a las islas Robinson Crusoe y Santa Clara a una altura que califica de baja, no por ser anti reglamentaria, sino que por ser inferior a aquella que les hubiere permitido reaccionar ante las adversas condiciones que encontraron en el canal".
Con todo, "dada la envergadura del caso, el Consejo de Defensa del Estado se encuentra analizando todos los antecedentes para evaluar la posibilidad de recurrir ante la Exclentísima Corte Suprema", afirmó en un breve comunicado.
Según el fallo de segunda instancia, cada uno de los parientes directos de las víctimas que interpusieron acción legal recibirá 15 millones de pesos.
