El ministro en visita Hernán Crisosto accedió a reabrir la investigación, pero no acogió todas las medidas solicitadas.
Las familias de las víctimas piden careos e interrogatorios sobre los mandos de la FACh.
El accidente del avión CASA 212 de la FACh ocurrió el 2 de septiembre de 2011 en el archipiélago de Juan Fernández y dejó a 21 personas fallecidas.
El ministro en visita extraordinario para la investigación de la tragedia de Juan Fernández, Hernán Crisosto, rechazó la petición de los querellantes de realizar una serie de diligencias relacionadas con el accidente aéreo del CASA 212, ocurrido el 2 de septiembre de 2011, y que dejó a 21 personas fallecidas.
Si bien Crisosto aceptó reabrir la indagatoria, ordenó sólo la realización de una diligencia "puntual" para agregar al expediente un manual sobre aeronavegación. Los querellantes -que desean careos e interrogatorios para altos mandos de la FACh- resolvieron apelar.
"Para nosotros es indispensable, y esperemos que la Corte de Apelaciones revoque la resolución del ministro en visita extraordinario", dijo el abogado Alfredo Morgado.
"Estas diligencias pueden permitir, a nuestro juicio, establecer que la responsabilidad no está circunscrita a la maniobra desarrollada por la tripulación, sino que, además, aquí existió un mando que debería responder desde la perspectiva penal", explicó Morgado.
Decisión "no afecta la causa civil"
En paralelo, sigue adelante la arista civil del caso por las demandas contra el fisco -por más de 26 millones de pesos- que presentaron algunos de los familiares de las víctimas, y que podrían resolverse durante el segundo semestre de este año
La abogada demandante Olga Prieto descartó que el resultado del proceso penal pueda afectar el éxito de este otro orden de acciones.
"Se dan todos los elementos para determinar responsabilidad del fisco, para configurar la falta de servicio... En una investigación criminal -como la que se lleva en la Corte Marcial- lo que se busca son responsabilidades individuales y, por lo tanto, la determinación o la exclusión de estas responsabilidades desde el punto de vista penal no afectan directamente la causa civil", aseveró Prieto.
Hasta ahora la Justicia sólo ha condenado al Estado al pago de mil millones de pesos para la familia de una de las víctimas, pero ese proceso se encuentra en la Corte de Santiago después de la apelación del Consejo de Defensa del Estado.
