Se trata de tres funcionarios en servicio activo y dos en retiro.
Quedarán en libertad bajo fianza, pero detenidos hasta que se pronuncie la Corte Marcial.
Tres de los cinco procesados están en servicio activo.
La ministra en visita Dobra Lusic llegó hasta la Base Aérea de El Bosque para notificar a los cinco oficiales de la FACh procesados por incumplimientos de deberes militares del artículo 299 del código de justicia militar por sus responsabilidades en la tragedia aérea de Juan Fernández, en septiembre de 2011.
Se trata del general (r) y entonces comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea de la FACh, con asiento en Antofagasta, Julio Frías Pistono; el coronel (r) jefe del Estado mayor del comando de combate, con asiento en Santiago, Guillermo Castro Guzmán; el comandante de escuadrilla de operaciones de apoyo al grupo de aviación número 8, con asiento en Antofagasta y en servicio de activo, Sergio Castro Moya.
Además se procesó a otros dos oficiales activos, el comandante en jefe de bandada del transporte táctico del grupo de aviación número 8 de la Quinta Brigada, Mauricio Barría Ruiz, y el comandante oficial de servicio del centro de operaciones aéreas, el capitán Mauricio Solano Pereda.
Todos quedarán con libertad bajo fianza, pero detenidos en la Base Aérea hasta que la Corte Marcial diga lo contrario.
La ministra Lusic afirmó que se trató de una investigación compleja, que ella ha tomado todos los resguardos desde abril pasado cuando se reabrió la causa, pero se mantiene la situación basal del accidente, como los fuertes vientos, la impericia de los pilotos y haber ingresado por una zona no habilitada del archipiélago.
"El auto de procesamiento es por inclumplimiento de deberes militares. En todo lo que fue necesario la FACh ha respondido en forma inmediata y la causa del accidente se mantiene, sabemos cual fue, que fue el vuelo a baja altura que los hizo víctimas de viento arrachados ascendentes, descendentes, como una juguera, y provocaron la caída del avión", dijo Dobra Lusic.
En tanto, el defensor de Guillermo Castro Guzmán, el abogado Ambrosio Rodríguez, evalúa los escenarios, entre ellos, apelar a la resolución y acudir al Tribunal Constitucional.
"Creemos que él no tiene ninguna participación en el hecho", expresó Rodríguez y afirmó que ya "acompañamos abundante materiales y documentos en que demostramos que él (Castro Guzmán) dio cumplimiento a todas las normas".
"Durante el curso de la tramitación hicimos todas las defensas necesarias para probar que el coronel Castro cumplió con todas las normas que le impone el reglamento orgánico del Comando de Combate, donde él se desempeñaba como jefe de Estado Mayor, de manera que una vez que se resuelva la consulta ante la Corte Marcial vamos a apelar de este auto de procesamiento", añadió el profesional.
Eventuales nuevos procesamientos
A su vez, desde los querellantes, el abogado del viudo de Galia Díaz, funcionaria del Consejo de la Cultura, Cristián Arias, dijo que podrían pedir nuevos procesamientos.
"Que se trate de un procesamiento por incumplimiento de deberes militares significa que no estaría imputándose responsabilidades a terceros por el cuasi delito de homicidio, de hecho, de un punto de vista penal, el incumplimiento de deberes militares es más grave que el cuasidelito de homicidio en términos de pena, pero eso es algo provisional y podemos estudiar la resolución una vez que la conozcamos para saber si la vamos a suscribir en todas sus partes o eventualmente vamos a pedir que se haga efectiva la responsabilidad por el cuasi delito de homicidio", aseveró el abogado Arias.
Mientras, Jorge Cabezón, hermano del camarógrafo de TVN fallecido en la tragedia, Rodrigo Cabezón, resaltó que el procesamiento puede ser el punto de inicio para conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
"Ella lo que ha hecho es investigar en áreas que no se atrevió a entrar el ministro (Juan Cristóbal) Mera, entonces miramos con mucha cautela esto y con mucho respeto, porque pienso que esta es la génesis de la verdad. No me cabe duda que hay más personas involucradas y creo que debe investigarse hasta las últimas consecuencias", manifestó.
En paralelo a la investigación penal, los familiares de cuatro de las víctimas de la tragedia demandaron al Estado ante el 29° Juzgado Civil exigiendo 3.700 millones de pesos de indemnización, mientras que en el 19° Juzgado Civil se tramita la demanda de la familia del animador de TVN Felipe Camiroaga.
Funcionarios activos seguirán en labores
El abogado de la Fuerza Aérea, Isidro Solís, aseguró que los oficiales en servicio activo seguirán en labores, pues consideran que el procesamiento es una resolución provisional y no condenatoria.
"Los funcionarios se van a mantener en sus funciones mientras no haya una sentencia condenatoria porque, hasta ese momento, nosotros entendemos que les ampara todavía la presunción de inocencia", expresó el jurista de la FACh.
El ex ministro de Justicia añadió que "la situación penal siempre deriva responsabilidad personalísima e individual, por lo tanto, van a tener que ser los abogados que defiendan a cada uno de estos oficiales, sean los que están en servicio activo o los que están en retiro, quienes vean la manera en que van a enfrentar a la justicia".
"Desde el punto de vista institucional no podemos hacer previsiones, es una situación personal, son ellos quienes tienen el derecho y el privilegio de defenderse de estos cargos y, por lo tanto, la institución, lo único que tiene, su rol en estos momentos es colaborar en lo que la ministra decida", concluyó el profesional.
