Jorge Abbott cuestionó que los privados no consideren debidamente "el riesgo" de su operación en el sur de Chile.
"Mantener la seguridad y paz es tarea del Estado", replicó el gerente general de Sotraser.
La quema de 29 camiones en San José Mariquina volvió a desatar los cuestionamientos al Gobierno y las policías.
La empresa Sotraser, perteneciente al grupo Bethia, que esta madrugada sufrió la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina, Región de Los Rios, rechazó las críticas que deslizó el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, aludiendo a la responsabilidad de la propia compañía en lo sucedido.
"Los empresarios tienen la responsabilidad importante en la custodia de sus bienes. Que existan 35 camiones, que exista un dispensador de bencina y una sola persona (de guardia), me parece francamente una decisión de parte de los empresarios que no dice relación con el riesgo que provoca el quehacer empresarial en ese sector", dijo el fiscal nacional.
Sus palabras fueron respondidas, mediante una declaración, por el gerente general de Sotraser, Claudio Troncoso: "Junto con reiterar nuestro rechazo a este atentado, lamentamos las declaraciones de la autoridad, responsabilizando a las empresas por no tener mayor protección".
"Nuestro foco está en el desarrollo económico y social de Chile. Mantener la seguridad y paz de los chilenos es tarea del Estado", dice la nota.
El ejecutivo se sumó, en este sentido, al llamado de Chile Transporte y otras entidades gremiales al Gobierno para que adopte "medidas diferentes y más efectivas frente a estas graves alteraciones al Estado de Derecho y la seguridad de los chilenos".
En la misma línea se manifestó el presidente nacional de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez.
"Creo que con esa declaración está equivocado el señor Abbott. Con él hemos tenido tres reuniones, con el fiscal señor (Sabas) Chahuán, anterior a él, también tuvimos reuniones, entregamos antecedentes de las situaciones gravísimas, robos, atentados, pero vemos que nada se ha hecho", indicó el dirigente.
Corma: "El Estado ha mostrado incapacidad total"
A través de una declaración pública, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) aseguró que este atentado, junto al ocurrido la semana pasada que afectó a 18 camiones en la Región de La Araucanía, "nos llenan de consternación e impotencia".
Además, el organismo apuntó que "el Estado ha mostrado incapacidad total de garantizar sus derechos constitucionales a los habitantes de La Araucanía y áreas afectadas de Los Ríos y Biobío Sur".
"Creemos que no habrá acción decidida por parte del Estado para enfrentar estos hechos mientras no exista y se manifieste un rechazo transversal y radical a la violencia desde el ámbito político, aspecto fundamental para respaldar la acción institucional", agregó la institución.
Debido a esto, "llamamos a los sectores políticos a fortalecer su apoyo a la causa de la paz", ya que "no podemos seguir siendo indiferentes ni menos justificar tácitamente actos que son injustificables en una democracia civilizada", afirmó Corma.
A juicio de la corporación, "grupos minoritarios violentistas, amparados en la impunidad casi total, tienen de rehén a una región y áreas crecientes de otras, sumiéndolas en la pobreza, destruyendo su estructura productiva y sembrando el miedo y la inseguridad entre sus habitantes".
Sofofa critica dichos de Abbott
Mediante un comunicado, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) manifestó su completo repudio a este hecho y cuestionó los dichos del fiscal Abbott.
"Manifestamos nuestra total sorpresa, ya que en los hechos está llamando a los particulares a asumir la primera y más importante tarea que le compete al Estado: garantizar la seguridad de sus ciudadanos", señala el comunicado del gremio.
Asimismo, la agrupación aseguró que este no se trató de un hecho aislado y pidieron garantizar el Estado de derecho.
"Nos parece que más allá de los debates jurídicos por la calificación de los hechos, la situación se ha tornado dramática. Contrario a lo que algunas voces sostienen, no estamos en presencia de hechos aislados. Tenemos que reconocer que como sociedad hemos fallado. La situación en la Araucanía y otras regiones se agrava cada día", sostuvo la entidad.
"Nadie, por ninguna razón, puede pretender vulnerar la integridad física de otra persona o afectar su propiedad. Ese camino sólo lleva a la naturalización de la violencia y nos aleja de la convivencia pacífica. Ningún acuerdo o propuesta resolverá esta problemática, mientras no se garantice el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley", añade el comunicado.
