El envío de artefactos explosivos a la Comisaría de Huechuraba (que detonó) y a la oficina del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter (que fue desactivado), encendieron las alarmas en el mundo político, y tanto desde oposición como desde el oficialismo presentaron críticas al actual sistema de inteligencia.
El senador Felipe Harboe (PPD), presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, señaló que es necesario modernizar el sistema de inteligencia a un nivel "profesional de nivel internacional con capacidades tecnológicas, con recursos humanos especializados, con capacidades de análisis, que tengan la posibilidad de advertirle a la autoridad, con información suficiente para que pueda tomar buenas decisiones".
"A su vez se requiere que el sistema tenga la capacidad a través de inteligencia artificial y otros mecanismos, para poder reaccionar rápido frente a la ocurrencia de estos hechos e identificar a los autores, de lo contrario, nos vamos a estar acostumbrando a lo que tenemos hoy día", agregó el senador.
En la misma línea, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), enfatizó que "no tenemos una ley para perseguir el terrorismo que sea moderna, que de facultades a los fiscales para investigar. Esa ley, que busca darle mayor flexibilidad y modernidad al combate al terrorismo, está en el senado hace meses y no se ha movido".
"La ley que moderniza la inteligencia, que es clave para poder prevenir estos hechos, también está en el senado", lamentó Fuenzalida.
La "mano dura" no sirve
Eduardo Vergara, director de la Fundación Chile 21 y ex jefe de la División de Seguridad del Ministerio del Interior, criticó al Gobierno por intentar imponer "la mano dura" como solución a estos hechos.
"El Presidente Piñera en un acto de desesperación y por mostrar que se estaba haciendo algo, envió tres señales que de cierta manera explican nuestra crisis en inteligencia", aseguró Vergara.
El Presidente "aprovechó, de una manera bastante impresentable, este lamentable hecho para pedir apoyo a una ley antiterrorista y que principalmente cuenta con una tipificación nueva y profundización de las penas; vemos una estrategia política desesperada, pero, por sobretodo, nos quiere seguir tratando de convencer que la volunta de aplicar 'la mano dura' es la solución para aumentar los niveles de seguridad", concluyó Vergara.
En esa línea, la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans apuntó que "organismos internacionales han realizado informes donde la vulneración de los derechos humanos viene en particular con la aplicación de la Ley Anytiterrorista en casos donde, lamentablemente, se ha visto involucrada la comunidad mapuche".
"Tengo bastantes críticas a la reforma que se hace en esta materia, la propuesta del Ejecutivo, porque no viene a resolver estos temas que han sido al menos problemáticos en los úiltimos años", sostuvo.
Senador Kast pide "más atribuciones" para la Fiscalía
En la otra vereda, la del oficialismo, el senador de Evópoli, Felipe Kast, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, planteó que "el gran desafío es cómo la Fiscalía, que es la encargada de perseguir a quienes cometen delitos, pueda tener un aparato de inteligencia penal importante y pueda coordinarse de buena manera con la Policía de Investigaciones".
"Toda reforma de la Ley de Antiterrorista lo que debiera en el fondo es darle atribuciones para que hagan lo que hoy día pueden hacer afortunadamente con la ley antidrogas", expuso.
El proyecto de ley corta consiste en un artículo único con el que el Ejecutivo pretende dar más facultades al Ministerio Público en las investigaciones por este tipo de hechos, y permitir que pueda interceptar conversaciones telefónicas y usar agentes encubiertos.
En tanto, se espera que esta semana el Gobierno presente un protocolo de encomiendas para empresas de correo, luego del atentado en el cuartel policial.