Tras el atentado en el Subcentro de Escuela Militar surgieron unánimes opiniones sobre la necesidad de modificar la ley Antiterrorista, pues con la actual normativa resulta difícil que alguien sea condenado.
Tras los cambios realizados en 2010, no basta con colocar una bomba, sino que debe probarse que se tuvo la intención de atemorizar a la población o causar daño, como lo explicó el senador y ex subsecretario de Interior, Felipe Harboe (PPD).
"La ley Antiterrorista tiene sanciones bastante altas, el problema no está en las sanciones, el problema está en la determinación de los responsables, en la capacidad investigativa de nuestras instituciones para identificar a los autores y en segundo lugar, lograr probar en juicio la participación activa de estas personas", dijo el parlamentario.
En tanto, la comisión que trabaja las modificaciones a la ley Antiterrorista afina su informe final y evalúa la solicitud del Ministerio Público de permitir el uso de agentes infiltrados.
La instancia, a cargo del abogado Juan Pablo Hermosilla y conformada por ocho juristas, culminó la ronda de consulta con los organismos policiales y de inteligencia, por lo que se espera que entregue su informe final tras el feriado de Fiestas Patrias.
Para el abogado, el problema no radica solo en acreditar el delito, sino que en clarificar qué se considera como terrorismo.
"Esta ley no es una ley que haya estado funcionando bien y lo que estamos tratando de hacer es de mejorar la descripción del delito, ponerlo más al día, que quede claro que es una concepción democrática, que no tenga resabios autoritarios como la actual", manifestó el abogado.
"Por otro lado, preocuparnos de los aspectos procesales o formales que son aquellos que permiten recaudar evidencia para poder acreditar estos delitos, por lo tanto, no creo que sea solo el tema de cómo estaba descrito el delito, sino que también aspectos procesales importantes son los que estaban fallando", recalcó.
Hermosilla aseveró que está sobre la mesa la petición que hicieron los fiscales de poder contar con agentes infiltrados y que su testimonio sirva para acreditar el delito, lo que actualmente no está contemplado en la normativa vigente.
Persecución versus derechos
Uno de los aspectos que debe resolver la comisión es la línea entre perseguir el delito y no vulnerar los derechos de las personas, un tema en el cual Hermosilla reconoció que se debe tener cuidado, y sobre lo cual puso acento el abogado experto en derechos humanos, Jorge Contesse.
"Es importante que una legislación Antiterrorista sea capaz de conciliar el legítimo objetivo del Estado de seguir a las personas responsables y castigarlas, junto con la protección de las libertades civiles", afirmó.
Contesse añadió que "lo que ha pasado en buena parte del mundo después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos es que se sacrificaron las libertades públicas de una manera indebida y se requiere necesariamente dotar de mayores atribuciones, las facultades de investigación de los organismos especializados".
Fiscal nacional desestimó falta de especialización
El senador Harboe apuntó también a la labor policial y de la Fiscalía, asegurando que el problema es que no hay persecutores especializados en terrorismo, lo que fue desestimado por el fiscal nacional Sabas Chahuán.
"Los fiscales tienen especialización y tienen una unidad especializada que los apoya. Hace rato venimos reclamando, proponiendo una Fiscalía de Alta Complejidad, que pueda abordar integralmente el crimen organizado, la corrupción chilena y los delitos terroristas", sostuvo el fiscal nacional.
"Tenemos un plan de fortalecimiento que se ha trabajado y que se le acaba de enviar al Ejecutivo reformulado, porque hicimos unos ajustes dentro de los cuales desde hace años hemos propuesto Fiscalía de Alta Complejidad y Unidades de Análisis Criminal para cruzar información", agregó Chahuán.
El fiscal Chahuán recordó que se ha planteado el tema de los recursos en reiteradas oportunidades y que el organismo trabaja en una propuesta para reformular la Fiscalía.
