El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, pidió al Gobierno futuro de Sebastián Piñera declarar estado de excepción en la zona sur, luego de los nuevos atentados incendios en diversos puntos de las regiones del Biobío y La Araucanía.
El dirigente sostuvo que esta medida la vienen pidiendo desde hace mucho tiempo y que no ha sido considerada por las actuales autoridades.
"Solicitamos de forma urgente al nuevo gobierno que imponga el estado de excepción. Creemos que es la única medida y la única forma de controlar la violencia que se está apoderando de la zona sur de nuestro país", dijo Muñoz.
Los contratistas forestales habían entregado a las autoridades un mapa de puntos conflictivos y fue precisamente al interior de esos puntos demarcados, tanto en Los Álamos como en la Ruta Los Sauces-Lumaco, así como también en Santa Bárbara, que se desarrollaron estos atentados incendiarios, donde resultaron quemados 25 camiones, tres retroexcavadoras, una camioneta y una maquinaria de cosecha forestal.
Al respecto, el presidente electo Sebastián Piñera se refirió a los ataque a través de su cuenta de Twitter y aseguró que éstos "hacen más necesaria que nunca la modernización de nuestras policías, la reestructuración del sistema nacional de inteligencia y el fortalecimiento de la coordinación entre policías, fiscales y jueces".
"Estas reformas serán prioritarias en nuestro gobierno y permitirán fortalecer la capacidad de la sociedad chilena para luchar contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, y garantizar mayor seguridad a las familias chilenas", agregó.
Tribunal admite querella del INDH
Por otro lado, la justicia admitió a trámite la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por obstrucción a la investigación en el marco del caso Huracán, que causó perjuicios a los derechos de los comuneros mapuche que pasaron 26 días encarcelados en prisión preventiva y que luego fueron sobreseídos, descartándose su responsabilidad en los hechos.
El tribunal de Garantía de Temuco ya había hecho lo propio con la querella que presentó el Gobierno contra quienes resulten responsables de la eventual manipulación de pruebas.
