La abogada de Camilo Gajardo alegó que la prisión preventiva es contraria a derecho.
El joven está imputado por la colocación de bombas en Vicuña Mackenna, frente a la UCSH y la enviada al ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche.
La resolución se dará a conocer este martes o miércoles.
En la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel se desarrollaron los alegatos del recurso de amparo presentado por la defensa de Camilo Gajardo, imputado por seis atentados explosivos ocurridos entre 2017 y 2019.
Entre los hechos que se le adjudican está la bomba que explotó en el paradero de Vicuña Mackenna, la que se dejó frente a la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) y la enviada al ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche.
La defensora penal pública Alejandra Rubio pidió que se decrete la inmediata libertad de su defendido y se dejen sin efecto una serie de diligencias de la investigación por considerarse vulneratorias de derecho.
Esas diligencias, dijo la abogada, vulneraron el derecho a la legítima defensa a no autoincriminarse y a contar con un consentimiento informado particularmente cuando el imputado autorizó la extracción de una muestra de ADN que fue sacada sin la presencia de sus abogados.
Por esto, la defensa considera que la resolución que dictó la prisión preventiva es contraria a derecho.
Según Rubio, "la defensa penal pública también impugna la legalidad de la resolución que rechaza la solicitud de legalidad de la detención que promovimos en la audiencia de control de detención como también la resolución que en definitiva decreta la prisión preventiva en contra de nuestro defendido".
"Ambas resoluciones utilizan como fundamento diligencias que nosotros estimamos han vulnerado el derecho a la defensa, a no autoincriminarse", manifestó.
En ese sentido, como sería "el contar con el consentimiento informado -en este caso- debía haberse prestado, ciertamente, con la asesoría de un abogado letrado que sí estaba disponible para en ese momento asesorar al imputado en la decisión que estaba tomando de autorizar la extracción de una muestra biológica".
La defensa también impugna la legalidad de la autorización de ingreso, registro e incautación de diversos objetos del domicilio laboral y personal del imputado. Dicen que no se constata la negativa del encargado o dueño del lugar cerrado.
Fiscalía defiende proceso
En tanto, en representación del Ministerio Público, alegó el persecutor adjunto de la Fiscalía Metropolitana Sur, Claudio Orellana, quien aseguró que "inmediatamente, antes de cualquier contacto, entre los fiscales y el imputado, se produjo el contacto en una extensa, larga entrevista, entre los tres defensores que se presentaron y el imputado".
"Aquí lo concreto, lo relevante es que, durante el tiempo, en que la defensa estuvo presente en espera de entrevistarse con el imputado, no se llevó a cabo ninguna diligencia, pero absolutamente ninguna diligencia investigativa por parte del Ministerio Público con el imputado", agregó.
"Lo que la Fiscalía ha señalado desde el primer momento es que en este caso no existe ilegalidad ni arbitrariedad, primero, en el obrar del Ministerio Público y, en segundo lugar, en lo que respecta específicamente al recurso de amparo de la defensa", enfatizó.
Alegaron también en la audiencia representantes del Ministerio de Interior, de Codelco y de las víctimas del paradero de Vicuña Mackenna.
Posiblemente mañana se dará a conocer la resolución de la corte.
