Sujetos armados impidieron a balazos la realización del procedimiento de exhumación de los restos de Pablo "Toño" Marchant, joven de 28 años vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien fue abatido en un enfrentamiento con Carabineros el 9 de julio de 2021, en terrenos de la Forestal Mininco, en la Región de La Araucanía.
El ataque se registró este miércoles en la comuna de Carahue, en la zona costera de la región, específicamente en el fundo Santa Ana, un sitio ilegal para el sepulcro que fue tomado por comuneros, y donde permanecen los restos del joven.
El mencionado procedimiento se iba a llevar a cabo por la PDI y la Fiscalía en dicho lugar, donde los atacantes efectuaron los disparos desde arbustos ubicados en los alrededores.
"Al momento de ingresar al predio donde se encuentra actualmente inhumado Pablo Marchant, la comitiva fue recibida con disparos, varios disparos, por lo tanto, frente a la posibilidad de poner en riesgo la seguridad de los asistentes, del personal policial y también de peritos del SML, se decidió abortar dicha diligencia y devolvernos a la base. Dicha circunstancia fue apreciada directamente por la familia del afectado", detalló el fiscal Jorge Calderara.
La exhumación fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Carahue producto de las dudas que plantea la familia de Marchant respecto de su muerte puesto que, en junio de 2023, presentaron un peritaje ocular, elaborado por el forense Luis Carnaval, el cual concluyó que fue "ejecutado por Carabineros con el cañón de una escopeta apoyado sobre su cabeza".
Gobierno anuncia investigación
El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, informó que "efectivamente se estaba llevando a cabo una diligencia por parte de la Brigada Homicidios de la PDI en conjunto con el Servicio Médico Legal (SML), diligencia que fue solicitada por la familia de Pablo Marchant y autorizada por el Tribunal de Garantía".
"Esta diligencia se suspende dado que no se quiso poner en riesgo a ningún funcionario. Además, se va a activar una investigación para dar con los responsables de estos disparos, que no solamente intentan privar a los funcionarios de llevar a cabo una diligencia mandatada por un tribunal, sino también están cometiendo graves delitos de porte de arma y también de disparar", agregó.
La autoridad regional puntualizó que "se van a usar todas las herramientas jurídicas para dar con los responsables, que estén detenidos y que enfrenten la justicia. También se van a tomar todas las medidas para llevar a cabo la diligencia sin poner en riesgo a ningún funcionario".
