Defensoría Penal Pública rechazó la decisión de la Justicia.
Acusan daño a las garantías constitucionales de los imputados.
El magistrado del 15° Juzgado de Garantía aceptó la solicitud de ente persecutor.
El juez del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, René Cerda, aceptó la petición del Ministerio Público para tomar muestras corporales y exámenes sicológicos y siquiátricos a los tres imputados en el denominado "nuevo caso bombas", por el estallido de algunos artefactos explosivos en Santiago.
Se trata de fotografías a sus cuerpos para ver si tienen cicatrices o tatuajes, o si padecen alguna patología mental, con lo cual la Fiscalía Metropolitana Sur busca obtener otros antecedentes respecto de la formalización de septiembre pasado.
El tribunal autorizó así la toma de muestras desde los cuerpos de los tres imputados -Juan Alexis Flores Riquelme, de 22 años; Nataly Antonieta Casanova Muñoz, de 25; y Guillermo Cristóbal Durán Méndez, también de 25- para verificar rastros biométricos y posibles tatuajes.
De esta manera, los tres imputados deberán concurrir hasta el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y al Servicio Médico Legal (SML), pese a que las defensas pidieron que se rechazara el requerimiento por considerar que los peritajes vulneran la dignidad de los imputados.
Estos análisis buscan tatuajes y cicatrices que pudiesen tener los jóvenes y que se observan en los sujetos aparecen en los videos de los ataques en el Metro, y en las cercanías del centro de Santiago, en ataques a una comisaría.
"Estos exámenes tienen por objeto establecer la participación en los hechos por los cuales se les formalizó y también avanzar en la investigación respecto al esclarecimiento de otros hechos respecto a los cuales algunos de ellos aún no están formalizados", dijo el fiscal jefe de la zona sur, Raúl Guzmán.
"Se han solicitado exámenes siquiátricos y sicológicos para efectos de determinar la presencia o ausencia de algún tipo de patología. Cuando nos encontramos frente a conductas terroristas existe una motivación que es este ánimo de generar temor y determinar la presencia o ausencia de algún tipo de patología que pueda incidir en ellos", añadió el persecutor.
Defensa acusa daño a garantías constitucionales
A su turno, el jefe de la Defensoría Penal Pública regional Sur, Nicolás Orellana, aseveró que la decisión del tribunal daña gravemente las garantías constitucionales de los defendidos.
"Estos exámenes para nosotros representan una afectación a la dignidad de nuestros defendidos, en segundo lugar creemos que no son necesarios y en tercer lugar afectan al derecho de guardar silencio que tiene el imputado", dijo el defensor.
"Esperamos que las resoluciones judiciales estén debidamente fundadas, en este caso, nuevamente, nos encontramos con resoluciones que no están fundadas y simplemente se acceden a nuestro juicio lo que se pretende es conseguir una declaración de los imputados y con ellos se viola el derecho a guardar silencio", añadió Orellana.
En tanto, el defensor Rodrigo Torres, señaló que al menos consiguió estar presente en estas diligencias.
"Qué facultades tenemos a la resolución es obviamente lo que tenemos que analizar, porque son fuera del organigrama. Lo que sí logramos el día de hoy por lo menos fue participar, es decir que lo que se realice sea dentro del contexto y la rigidez que se solicitó, o sea, las pericias corporales son para medirlos, contextura, torso, talla, eso es lo que se puede hacer y se le permitió a la defensa estar presente cuando se realice", indicó.
En tanto, se fijó una nueva audiencia para el próximo 16 de octubre donde la Fiscalía deberá argumentar el requerimiento de periciar celulares y computadores incautados en los otros domicilios que fueron allanados en la jornada de la madrugada del 18 de septiembre cuando fueron detenidos los tres imputados.
