El hombre fue formalizado, pero el tribunal no concedió la prisión preventiva porque no hay pruebas forenses del ultraje.
La decisión generó la molestia de los familiares de la víctima.
Familiares y amigos se manifestaron a las afueras del tribunal en contra de las medidas cautelares adoptadas.
Este martes fue formalizado en Arica un taxista acusado de haber abusado sexualmente y violado a una adolescente de 16 años, quien quedó con medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
La audiencia de formalización estaba programada para el sábado, pero fue pospuesta debido a un recurso de protección presentado por la Defensoría, y posteriores desmanes protagonizados por las familias involucradas.
La presunta agresión sexual ocurrió el 22 de abril: según los antecedentes, tras celebrar el cumpleaños de su pololo, la muchacha pidió un taxi en calle Linderos, y fue recogida por el acusado.
Según relató el fiscal Luis Soriano, el hombre llevó a la menor hasta el sector del humedal, donde la atacó, y en un momento fue golpeado en la cabeza por la víctima, quien logró escapar en dirección a las viviendas cercanas a la playa para pedir auxilio.
"Hay una serie de diligencias que se realizaron. Se tomaron declaraciones a todos los testigos que recibieron a la niña el día de los hechos, se recogieron evidencias en el lugar de los mismos, se están haciendo peritajes comparativos para efectos de establecer vinculación con el supuesto agresor, y hay también una concurrencia al lugar junto a la niña para establecer la ruta que habría realizado el sujeto", detalló Soriano.
Juez desestimó prisión preventiva
En la audiencia la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el acusado, de 43 años, pero el juez Juan Araya decretó, en cambio, el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercamiento a la víctima; debido a que el delito de violación no pudo ser acreditado por análisis forenses, existiendo, en primera instancia, sólo un caso de abuso sexual.
La decisión desató la furia de familiares y amigos de la víctima presentes en el tribunal, quienes se manifestaron por medio de cánticos y carteles, pero fue valorada por la defensora penal pública Marlén Morales.
"El hecho de que se diga que el imputado tiene más derecho que la víctima no es así. Nosotros, como defensores penales públicos, hacemos nuestra labor y lo que hay que preguntarse aquí es: si te tocara a ti, ¿quisieras que tuviéramos la misma labor contigo? Una orden de detención no puede ser despachada por cualquier razón, tiene que ser justificada", advirtió la abogada.
