En conversación con El Diario de Cooperativa, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, llamó al Gobierno de José Antonio Kast a reconsiderar la postura del Ministerio de Justicia frente a las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y afirmó que la autoridad debe defender su criterio ante los tribunales, como ocurrió durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
El abogado cuestionó el argumento del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de una supuesta doctrina de la Corte Suprema que obligaría a la autoridad a firmar los decretos que conceden estos beneficios.
"Lo que no puede hacer un Estado que está comprometido con los derechos de niños, niñas y adolescentes es no dar la pelea", sostuvo Quesille, quien recalcó que el Ministerio de Justicia ha discrepado históricamente de los criterios judiciales y ha defendido sus propias argumentaciones.
En esa línea, enfatizó que "durante el Gobierno del Presidente Piñera y durante el Gobierno del Presidente Boric, el Ministerio ha dado la pelea, ha discrepado de los criterios judiciales fijados por las cortes, ha construido su propia argumentación y la ha defendido".
A juicio del defensor, mantener esa posición constituye una señal institucional relevante, pues permite dejar en claro que el Estado no avala la concesión de beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Cuestiona una supuesta doctrina de la Corte Suprema
Quesille sostuvo que "los fallos obligan solamente a las partes que han participado en un proceso. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Chile no existe esta lógica y práctica del 'precedente'; por lo tanto, los tribunales de justicia tienen la facultad de fallar en uno u otro sentido".
Como antecedente, señaló que la Defensoría de la Niñez ha revisado cerca de 15 resoluciones judiciales dictadas durante 2026 que han rechazado beneficios a adultos condenados por delitos sexuales.
También mencionó una resolución de la Corte Suprema de marzo de este año, que rechazó un recurso de amparo en un caso de esta naturaleza y que, según explicó, reafirmó el carácter imperativo de la Ley 21.421 para el Ministerio.
"No hay un criterio uniforme en esta materia", aseguró, insistiendo en que la existencia de fallos que conceden beneficios no significa que el Ministerio deba abandonar su postura institucional.
El abogado agregó que, si bien una reforma legislativa podría contribuir a resolver las diferencias de interpretación, su tramitación podría tomar tiempo. Por ello, planteó que la prioridad debe ser que el Ministerio reconsidere el criterio aplicado y mantenga la posición que, según señaló, ha sostenido históricamente el Estado chileno.
Retroceso en la protección de la niñez
El defensor también manifestó preocupación por las consecuencias que estas decisiones podrían tener para las víctimas.
"Lo más peligroso es que, de seguir este criterio y conceder beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes, existe el riesgo de que esas personas que han sido condenadas vuelvan a sus familias, porque la mayoría de los delitos de violencia sexual se produce en entornos familiares", advirtió.
"Estas señales dan cuenta de un retroceso y de un contrasentido a los propios avances que este mismo Gobierno ha dado", remarcó.
Asimismo, cuestionó que el debate se limite a una discusión jurídica sobre la aplicación de la ley, sin considerar la gravedad de los delitos involucrados y sus consecuencias para las víctimas.
"Yo escuchaba al vocero de Gobierno (Gonzalo Arenas) decir que esto estrictamente se debe a una cuestión de una discusión jurídica a propósito de la aplicación de la ley y dijo: 'Este es un tema que nos puede gustar o no gustar', pero en esto hay que ser absolutamente parcial y no tener ningún matiz: este es un tema que no nos puede gustar; es un tema que tenemos que repudiar", exhortó.
Quesille recordó que la Fiscalía recibe, diariamente, 17 denuncias por violaciones y 80 por abusos sexuales contra menores de edad.
Oficio para reconsiderar y revocar los decretos
El titular de la Defensoría de la Niñez confirmó que la institución se comunicó formalmente con el Ministerio de Justicia mediante oficios, en los que solicitó reconsiderar el criterio aplicado para conceder estos beneficios.
"Obviamente también hemos hecho un llamado al Gobierno y particularmente al Ministerio de Justicia a reconsiderar este criterio", señaló.
La gestión también apunta a conocer "cuáles son las medidas de resguardo para las víctimas" y a evaluar la revocación de los decretos.
Consultado por los beneficiados de las rebajas de condena, Quesille explicó que "muchas de estas personas (...) ya estarían en libertad, porque generalmente son instrucciones o decretos que son de cumplimiento inmediato".
En ese escenario, sostuvo que será necesario "hacer seguimiento caso a caso" para determinar las eventuales vías legales disponibles.
