El empresario agrícola fue sentenciado este viernes a seis años de cárcel, condenado por cuatro delitos consumados.
A la espera de que el fallo quede ejecutoriado, los jueces ordenaron su prisión preventiva "por peligro de fuga".
El padre del senador y líder UDI, Javier Macaya, fue condenado por dos casos, que corresponden a cuatro delitos de abuso sexual a menores.
Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, ingresó este viernes por la tarde a la cárcel de Rancagua, en la Región de O'Higgins, para cumplir con la prisión preventiva que le impuso el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando mientras queda ejecutoriada la sentencia de seis años de cárcel efectiva dictada en su contra, por su responsabilidad como autor de cuatro delitos consumados de abuso sexual de menores de 14 años.
El empresario agrícola llegó a la prisión a las 17:00 horas, bolsos en mano y en compañía de su esposa y uno de sus hijos.
[Fotos] #CooperativaContigo El ingreso de Eduardo Macaya a la cárcel https://t.co/PDzjsnMY21 pic.twitter.com/Qi6ILjnYHA
— Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2024
En resolución unánime, y en una audiencia a la que el condenado sólo asistió por vía telemática, el TOP sanfernandino dio por acreditado que Macaya Zentilli cometió dos de los ilícitos en contra una víctima cuando tenía ocho o nueve años en una fecha indeterminada y otros dos delitos en contra de una segunda víctima entre abril y mayo de 2023.
Así, los jueces lo condenaron a la pena única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
Las partes pueden recurrir de nulidad en un plazo de 10 días. En el intertanto, el tribunal decretó -por solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins- la prisión preventiva por peligro de fuga, sin la fijación de una caución.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, los magistrados ordenaron que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
El ente persecutor solicitaba una pena de 12 años de cárcel contra el empresario y la parte querellante, 17.
El abogado querellante, Hernán Fernández, lamentó que la pena no fuera mayor: "Al ser reiterado (el delito), existe la facultad de aumentar uno ó dos grados, por eso es que nosotros estamos pidiendo 17 años, aumentando dos grados, (por lo que) la pena es sobre 15 (años). El Ministerio Público estaba pidiendo el aumento en un grado sobre 10 y había pedido 12", indicó el letrado, experto en materia de derecho de menores.
Agregó que "lo que ha ocurrido acá es que han aplicado una norma del Código Penal", apuntando que "si se hubiera aplicado el mínimo por cada delito, se podría haber llegado a 12, porque tres años y un día por cada delito suman 12, pero la ley del Código Penal da la posibilidad a los jueces o determina que se aplique la forma más favorable al condenado".
"Esa es la ley, es un mensaje también a los legisladores", afirmó.
