El ingeniero agrónomo Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, declaró este martes su "completa inocencia" respecto a los cargos de abuso sexual infantil que enfrenta, y que podrían valerle 12 años de cárcel.
Tras asistir a una audiencia de preparación de juicio oral en San Fernando -donde fue increpado por manifestantes a su llegada-, y luego de escuchar la acusación de la Fiscalía respecto a vejámenes contra cuatro menores de edad, Macaya Zentilli señaló -a través de una declaración escrita que leyó ante la prensa- que llegó su hora de "romper el silencio".
Afirmó que hasta el momento no había hablado "para no afectar ni exponer a las niñas que están involucradas en los hechos investigados": las presuntas víctimas, a quienes refirió como "las personas que más quiero, y que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo".
"Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos (desde la defensa) una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido", enfatizó.
ACUSÓ SESGO POLÍTICO DE LA FISCALÍA
"Hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos, como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es más rentable hablar de 'los abusos del padre de un senador de la UDI' que investigar los hechos que motivaron a la denuncia", continuó Macaya Zentilli.
"Este sesgo ha existido desde un principio y se ha mantenido constantemente, a lo largo de toda la investigación, no sólo por parte del Ministerio Público, sino también por parte de personas que se escudan en el anonimato de las redes sociales y dicen proteger a los niños, pero que día a día los exponen al escrutinio público y propenden y favorecen la victimización. Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia", reiteró el agricultor, que el año pasado estuvo preso más de un mes -entre junio y julio- por esta acusación.
Su libertad posterior, previo pago de una caución de 150 millones de pesos, generó críticas en el mundo público y parlamentario, al punto de que diputadas ingresaron al Congreso una "ley Macaya", para asegurar el encarcelamiento de los imputados de abuso sexual contra menores.
"LA FISCALÍA HA PROCURADO CONVERTIRLAS EN VÍCTIMAS SIN SERLO"
"Lo más grave es que este actuar no sólo me ha afectado a mí; ha tenido terribles consecuencias en mi entorno, en mi familia y, sobre todo, en tres niñas que nunca han denunciado abuso alguno, tampoco han declarado en ninguna instancia -ni familiar ni profesional- haber sido objeto de ninguna afectación. Respecto a ellas se ha procurado convertirlas en víctimas sin serlo y (...) no las han escuchado en ninguna de las instancias en que les ha tocado intervenir", acusó Macaya.
"En la investigación en mi contra ya consta -por otro tribunal de justicia especializado en familia- que las niñas no han sido objeto de afectación y el Ministerio Público e, insólitamente, otros aparatajes del Estado que nunca intervienen en estos casos, mañosamente han insistido en su acusación", continuó.
LA PRUEBA ACUSATORIA: "UN VIDEO FAMILIAR EDITADO"
Eduardo Macaya señaló además -en este primer pronunciamiento público sobre el caso- que la Fiscalía "basa toda su prueba" en un material audiovisual "editado", que "no corresponde a videos de abusos, sino que de un entorno familiar, en un lugar común y transitado de mi casa".
"Por cierto, es un video editado, y a partir de las declaraciones del Ministerio Público sobre el mismo, se ha derivado en una carnicería desde las redes sociales motivada, sin duda, por el cargo político que ostenta mi hijo, y que ha generado un daño que -espero- no sea irreparable en estas niñas", dijo Macaya padre.
"Cuento con el apoyo de quienes conocen mi actuar de toda la vida, de mi familia, incluyendo mi esposa, mis hijos e hijas, quienes ante esta causa, antes que hijos están actuando como padres de sus propios hijos, siempre buscando protegerlos. Ellos, antes que hijos míos son padres, ninguno de ellos es negacionista ni encubridor de las aberraciones que ha tratado establecer el Ministerio Público. El apoyo lo he tenido desde un principio, porque ellos conocen lo que ha ocurrido y, sobre todo, porque siempre han creído en sus hijos. Aunque el Ministerio Público insista en llamarlas víctimas, es una calidad que ellas mismas han negado en todas las instancias técnicas profesionales, y con sus propios familiares".
La Fiscalía ha hecho "caso omiso a las declaraciones de las tres niñas que, por lo demás, han sido coherentes a lo largo de todo este tiempo", remarcó el imputado, que dijo confiar en que "los jueces del Tribunal Oral (de San Fernando) evaluarán en conciencia la prueba y el caso en general, con prescindencia de cualquier sesgo político, y que no se harán parte de todo este show mediático que se ha montado en este caso".
FISCALÍA NIEGA ALTERACIÓN DE PRUEBAS
El abogado defensor Sergio Salas reafirmó que "las pruebas son absolutamente inexistentes: hay un testimonio absolutamente vago y unos videos que han sido manipulados. Todas las demás pruebas van en una sola dirección: que estos hechos no ocurrieron, y que nunca hubo abuso de menores en este caso".
De hecho, el jurista vinculó la supuesta alteración de evidencia con que al Ministerio Público le "cuesta mucho abstraerse de la presión pública y mediática" que implica esta causa: "Para la Fiscalía, determinar (falsedad en) que lo que se denunció en contra del padre de un senador de derecha, ir en contra de la presión pública en un caso así, en este momento es absolutamente imposible esperarlo", aseveró.
"Mantenemos nuestras investigaciones con objetividad", replicó la fiscal Javiera Oro, de la división de Alta Complejidad de O'Higgins, asegurando que "no hay ningún tipo de persecución desde ese punto de vista, sino que hechos objetivos que, a nuestro juicio, avalan la acusación presentada".
"No hay antecedentes respecto de que los videos hayan sido manipulados; las cuatro víctimas de estos hechos realizaron su entrevista videograbada, y de acuerdo con esos antecedentes y otros de la carpeta de investigación fiscal, como los videos que tenemos en nuestra acusación, y además pasando el filtro de la audiencia de la preparación de juicio oral, entendemos que son antecedentes suficientes para que el tribunal los valore", argumentó la persecutora.
