El Tribunal Oral de Cañete comunicó la sentencia para los progenitores que fueron denunciados por el FBI estadounidense.
Acumularon diferentes condenas por el ultraje reiterado, por abuso sexual y producción de pornografía infantil.
La Fiscalía pedía 50 años de cárcel para cada uno de los acusados, pena considerada "excesiva" por la defensa.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete comunicó las sentencias contra los padres que la semana pasada fueron condenados por violar y registrar en video los ultrajes a los que sometían a su hija pequeña, que en la actualidad tiene cinco años.
El progenitor, de iniciales N.L.A.E., recibió 18 años de cárcel como autor del delito consumado y reiterado de violación, ocho años en calidad de autor del delito de producción de material pornográfico infantil y otros ocho por abuso sexual; penas que suman un total de 34 años.
A la madre, de iniciales K.A.C.H., se le impusieron penas de 10 años por producción de material pornográfico infantil y ocho años por abuso sexual.
En su fallo -pronunciado de manera unánime- el tribunal dio por acreditado que en un domicilio de la comuna de Curanilahue, en fechas indeterminadas, "el condenado y padre de la menor agredía sexualmente a la víctima (de 5 años en la actualidad) de acuerdo y en presencia de la madre, quien no lo impedía".
"Ambos condenados sacaban fotografías de dichos actos, junto a otras imágenes íntimas de la menor", consignó el Poder Judicial en su página web.
TOP de Cañete condena a penas efectivas de presidio a padres autores de violación, abuso sexual y producción de material pornográfico infantil https://t.co/lHNiwAcXaF pic.twitter.com/FNgL43XGOx
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 26 de marzo de 2018
Cabe recordar que la detención y persecución de ambos padres se originó a raíz de una denuncia realizada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, y que la Fiscalía pedía condenas de 50 años para cada acusado; solicitud considerada "excesiva" por la defensa.
El tribunal dispuso que una vez que el fallo quede ejecutoriado se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar su huella genética e incluirla en el registro nacional de ADN de condenados.
