Son imputados por vejar a una mujer en Valparaíso, tras realizarle un control de identidad el pasado fin de semana.
El abogado de los acusados argumentó que la relación fue consensuada.
El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para los dos ex funcionarios de Carabineros imputados por el presunto delito de violación contra una mujer.
Según la Fiscalía, el vejamen ocurrió el pasado fin de semana al interior de un furgón policial en la ciudad puerto, mientras se realizaba el traslado de la víctima.
La fiscal Paulina Madariaga sostuvo que el procedimiento se originó con un control de identidad en el centro de Valparaíso, tras el cual la mujer fue conducida a la Octava Comisaría Florida.
La acusación sostiene que, tras comprobar su identidad, los uniformados ofrecieron trasladarla a un domicilio, trayecto en el cual se habrían concretado los hechos: uno de los exefectivos está imputado como autor directo y el segundo, como facilitador.
La defensa de uno de los involucrados, liderada por el abogado Leonardo Contreras, cuestionó la versión del Ministerio Público y argumentó que la relación fue consensuada.
El jurista desestimó que la víctima se encontrara en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias, señalando que "la supuesta víctima estaba dentro de sus cabales; estaba lúcida como dice el análisis médico llevado a cabo por los profesionales del Hospital Carlos Van Buren".
El defensor también apuntó a una eventual manipulación de testimonios, criticando que aparecieran testigos días después para sustentar la tesis de vulnerabilidad por alcohol.
"Nuestra tesis es que la víctima estaba en sus cabales y que la relación, como ha señalado mi representado, fue consensuada", enfatizó.
Pese a los argumentos de la defensa, el tribunal descartó la tesis del consentimiento y consideró que existen antecedentes suficientes para configurar el delito dentro del vehículo policial.
La gravedad de los hechos y la condición de funcionarios públicos de los imputados al momento del crimen fueron factores clave para determinar su ingreso a prisión mientras dure el proceso.
Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación, periodo en el cual se realizarán las diligencias necesarias para esclarecer los detalles de la agresión.
Los dos ex uniformados, dados de baja de la institución tras conocerse la denuncia, permanecerán privados de libertad durante todo el desarrollo de las pesquisas en la región.
