Rebaja de penas: Gobierno convocó mesa con víctimas sin incluir a Defensoría de la Niñez

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuéllar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La convocatoria incluye a Unicef y fundaciones vinculadas a la protección de víctimas, pero deja fuera al organismo que ha solicitado antecedentes sobre los decretos.

La iniciativa busca recoger propuestas de protección y atención, mientras la oposición exige transparentar los decretos que permitieron reducir penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Rebaja de penas: Gobierno convocó mesa con víctimas sin incluir a Defensoría de la Niñez
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En medio de la controversia por la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores de edad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció este martes la instalación de una mesa de trabajo intersectorial con organizaciones de víctimas.

Denominada "Unidos para Proteger: Equipo de Trabajo por las Víctimas", la iniciativa busca recoger propuestas para fortalecer las medidas de protección y atención a quienes han sufrido distintos tipos de delitos.

El anuncio se produce en un escenario de crecientes cuestionamientos al Gobierno por la gestión de los decretos de rebaja de condenas y por la falta de entrega de antecedentes relacionados con las decisiones que permitieron la reducción de penas.

El comunicado del Ministerio de Justicia, sin embargo, no hizo referencia específica a los casos de condenados por abusos sexuales contra menores que accedieron a liberación anticipada por los decretos durante la actual Administración.

La convocatoria considera la participación de diversas organizaciones, como Unicef, el Centro Justicia y Sociedad UC, Fundación Amparo y Justicia, Fundación Para la Confianza, Fundación Paz Ciudadana, Agrupación No+Víctimas y Comunidad de Organizaciones Solidarias, aunque entre las instituciones invitadas no figura la Defensoría de la Niñez, organismo que ha solicitado formalmente al ministerio los antecedentes sobre los decretos.

En paralelo, la oposición mantiene sus gestiones para acceder a los documentos y determinar eventuales responsabilidades políticas y administrativas.

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