Richard Joy Aguinaldo fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por delitos de índole sexual.
La familia del menor abusado retiró la acción judicial contra el colegio por su conducta ante la denuncia.
La familia del menor abusado decidió irse a vivir a Buenos Aires en 2011.
La familia de un alumno del Colegio Verbo Divino de Chicureo, abusado por el sacerdote filipino Richard Joey Aguinaldo, quien está condenado a cuatro años y 200 días de libertad vigilada, retiró una millonaria demanda en contra del colegio.
Según informó La Segunda, el pasado 30 de octubre se retiró la demanda por 700 millones de pesos que fue presentada en septiembre de 2012 contra el recinto educacional, debido a que se le cuestionaba por su conducta ante la denuncia de abuso y su defensa del agresor.
La decisión fue tomada de común acuerdo entre la orden religiosa y la familia del menor. Posteriormente, el 6 de noviembre, el provincial de la orden del Verbo Divino, el italiano Graziano Beltrami, señaló en un comunicado que "tras un profundo período de reflexión pedimos perdón" en relación a los abusos de Aguinaldo.
Cabe mencionar que esta disculpa se hizo seis años después de que se presentó la denuncia y tres años después de que condenara al sacerdote. Además, en 2012 la Congregación del Verbo Divino entregó "todo su apoyo" a Aguinaldo, lo que generó preocupación por parte de los obispos de Chile a través de la Conferencia Episcopal.
Según el vespertino, el retiro de la demanda fue producto de un acuerdo con la orden religiosa, que no sólo accedió a hacer una declaración pidiendo perdón, sino que habría llegado a un convenio económico.
Además, se produjo cuando el caso iba a entrar en la etapa de toma de declaración de los testigos, siendo el primero Heriberto Becker, rector del colegio en Chicureo cuando se produjeron los abusos.
La familia del menor abusado decidió irse a vivir a Buenos Aires en 2011, mientras que el sacerdote tendrá que irse de Chile el 2 de abril de 2017, cuando cumpla su condena, ya que desde noviembre de 2013 pesa en su contra una orden de expulsión firmada por el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick.
Mientras que a raíz de este juicio, se había decretado que la orden no podía celebrar operaciones económicas con dos de sus bienes raíces, pero con el término del caso la medida quedó sin efecto.
