Tatuador fue condenado por abusar sexualmente de una clienta

Un tatuador se aprovechó de que una clienta estaba incapacitada para oponer resistencia y abusó sexualmente de ella, en abril del 2021 en la comuna de San Miguel, hecho por el que esta semana fue condenado a tres años y un día, pena que, sin embargo, podrá cumplir en libertad vigilada intensiva.

En un fallo unánime, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago -integrado por los jueces Hugo Espinoza Castillo (presidente), Nelly Villegas Becerra (redactora) y Françoise Giroux Mardones- condenó a Martiel Carrillo Martínez por el delito consumado de abuso sexual de mayor de 14 años de edad.

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana del 21 de abril de 2021, al interior de un domicilio ubicado en calle La Marina, San Miguel.

Los magistrados dieron por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el sujeto, "aprovechándose de la incapacidad para oponerse de la víctima, que se encontraba acostada de lado, sobre una camilla, inmóvil, por la realización de un tatuaje efectuado por Carrillo Martínez, en su región costal, abarcando su cadera hasta la zona del muslo, realizó actos de significación sexual y relevancia, consistentes en bajar la ropa interior de la víctima" y hacer tocamientos indebidos en la zona vaginal y glútea con frotamiento corporal.

Para determinar la sentencia, se consideró una atenuante del acusado, por lo que le fue impuesta la pena en su grado mínimo. En ese sentido, "reuniéndose las exigencias legales previstas al efecto, en el artículo 15 bis de la ley 18216, se concede al sentenciado la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el mismo lapso de la pena impuesta para el cumplimiento de ésta, debiendo cumplir las obligaciones que se le impongan y se mencionen en el respectivo informe que el Delegado que se designe presentará para su aprobación", explicó el tribunal.

También le serán aplicadas las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; más el pago de las costas del proceso.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incrorporación en el registro nacional de ADN de condenados.